El paro nacional en Ecuador en protesta por la eliminación del subsidio al diésel ha cobrado una nueva víctima. José Alberto Guamán, comunero Kichwa de 30 años, falleció este miércoles tras recibir un disparo durante enfrentamientos con las fuerzas del orden público, marcando la tercera muerte desde el inicio de las manifestaciones hace tres semanas, según informó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Guamán, padre y agricultor, fue trasladado al Hospital Eugenio Espejo de Quito, donde falleció tras luchar por su vida. La Conaie detalló en su cuenta de X que el disparo fue propinado por las Fuerzas Armadas, en lo que califican como una masacre ordenada por el gobierno contra las comunidades movilizadas por el paro nacional.
Fallecimientos previos durante las protestas
José Alberto Guamán se suma a las víctimas que ya habían perdido la vida durante las manifestaciones. La primera muerte registrada fue la de Efraín Fuérez, comunero, artesano y agricultor, quien falleció el 28 de septiembre en Imbabura por disparos durante enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, epicentro de la protesta.
Posteriormente, la Conaie confirmó el fallecimiento de Rosa Elena Paqui, del Pueblo Kichwa Saraguro, a causa de un paro respiratorio derivado de la inhalación de gases lacrimógenos, utilizados durante las intervenciones policiales para dispersar a los manifestantes.
Estas muertes han generado preocupación internacional sobre la manera en que el gobierno ecuatoriano ha manejado las protestas, y han dado pie a diversas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
Heridos, desaparecidos y vulneraciones documentadas
Durante las tres semanas de paro nacional, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha documentado cifras alarmantes. Se reportan al menos 144 personas heridas, 12 desaparecidas y 310 vulneraciones a los derechos humanos en distintas provincias del país.
Entre los incidentes más graves se incluyen enfrentamientos en carreteras, bloqueos de vías estratégicas y represión por parte de las fuerzas del orden público con uso de gases lacrimógenos y armas de fuego. Estos hechos han intensificado la tensión entre la población indígena y campesina, que exige la reinstauración del subsidio al diésel, y el gobierno, que sostiene que la medida es necesaria para equilibrar las finanzas estatales.
Reacciones de la sociedad y organizaciones civiles
Las muertes de los manifestantes han provocado condenas de organizaciones indígenas y civiles, que califican los hechos como excesos por parte de la fuerza pública. La Conaie ha exigido al gobierno ecuatoriano investigaciones públicas, transparentes y exhaustivas, así como la responsabilidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y policiales en los hechos violentos.
Al mismo tiempo, la comunidad internacional y defensores de derechos humanos han instado al gobierno de Ecuador a garantizar la protección de los manifestantes, asegurar el respeto a la protesta pacífica y evitar el uso desproporcionado de la fuerza.
Contexto del paro nacional
El paro nacional comenzó hace tres semanas como respuesta a la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel, un beneficio que históricamente ha permitido reducir los costos de transporte y combustibles para agricultores, transportistas y comunidades indígenas. La medida provocó el rechazo inmediato de diversos sectores, que argumentan que el ajuste afecta directamente la economía de las poblaciones más vulnerables.
Desde el inicio de las protestas, varias rutas del país han sido bloqueadas, afectando la movilidad y la logística de bienes esenciales. La tensión se ha incrementado con intervenciones militares y policiales, que han generado enfrentamientos directos con los manifestantes.
La muerte de José Alberto Guamán marca un punto crítico en el paro nacional en Ecuador, que ya ha dejado tres fallecidos y cientos de heridos. Las denuncias de violaciones a derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades han provocado alarma tanto dentro como fuera del país.
El gobierno ecuatoriano enfrenta ahora la presión de implementar medidas que protejan a los manifestantes, garanticen la investigación de los incidentes y busquen soluciones que mitiguen el impacto económico de la eliminación del subsidio al diésel. Mientras tanto, las comunidades indígenas y campesinas continúan en resistencia, exigiendo justicia y seguridad, lo que mantiene a Ecuador en un contexto de alta tensión social y política.
