La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes la muerte de tres manifestantes indígenas durante las recientes protestas en Ecuador, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. El organismo expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza estatal y urgió al gobierno del presidente Daniel Noboa a garantizar la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales.
Las víctimas y el contexto de las protestas
De acuerdo con la información difundida por la CIDH en su cuenta oficial de X (antes Twitter), las víctimas fueron identificadas como Rosa Elena Paqui, quien falleció el 14 de octubre en Loja; José Alberto Guamán, quien perdió la vida el 15 de octubre en Imbabura; y Efraín Fuérez, comunero que murió tras recibir varios impactos de bala también en Imbabura.
Las muertes ocurrieron en el marco del Paro Nacional, convocado por organizaciones indígenas y sociales en protesta contra el Decreto 126, mediante el cual el gobierno ecuatoriano liberalizó el precio del diésel. La medida provocó un incremento de 1.80 a 2.80 dólares por galón, con vigencia hasta diciembre próximo, afectando principalmente al sector rural, transportistas y comunidades agrícolas.
Según testigos y organizaciones de derechos humanos, Paqui habría muerto por inhalación de gases lacrimógenos, mientras que Guamán recibió un disparo en el tórax durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Los reportes preliminares indican que las manifestaciones se tornaron violentas en varios puntos del país, con bloqueos de carreteras, enfrentamientos y detenciones.
Reacción de la CIDH y exigencia de investigaciones imparciales
En su comunicado, la CIDH condenó las muertes ocurridas durante la respuesta estatal a las manifestaciones y pidió al Gobierno de Ecuador llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y con enfoque de derechos humanos para determinar responsabilidades individuales.
“La CIDH expresa preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza y urge al Estado a investigar, juzgar y sancionar estos hechos”, señaló el organismo regional.
Asimismo, la Comisión reiteró su llamado a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a respetar el derecho a la protesta pacífica y evitar el uso desproporcionado de la fuerza pública como mecanismo de control social.
La CIDH recordó que Ecuador, como Estado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene la obligación internacional de proteger la vida, integridad y libertad de las personas, especialmente en contextos de protesta.
El gobierno ecuatoriano y las medidas de contención
Por su parte, el gobierno de Daniel Noboa ha defendido la necesidad de la reforma al subsidio del diésel como una medida económica para reducir el gasto público y liberar recursos destinados a programas sociales. Sin embargo, diversos sectores han advertido que el impacto del aumento en el combustible se traducirá en una subida generalizada de precios y en el encarecimiento del transporte y los alimentos básicos.
Durante las manifestaciones, el Ejecutivo desplegó un fuerte operativo de seguridad con la participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, lo que derivó en enfrentamientos con comunidades indígenas y organizaciones campesinas. Las autoridades informaron también de decenas de detenidos, acusados de bloquear vías y causar daños a la propiedad pública.
Ante las críticas, el Ministerio de Gobierno aseguró que el uso de la fuerza se aplicó “en cumplimiento de los protocolos de seguridad y defensa del orden público”, aunque la CIDH y varias ONG locales han documentado casos de represión y detenciones arbitrarias.
Protestas indígenas y demandas sociales históricas
Las movilizaciones recientes reflejan un nuevo episodio en la tensión entre el Estado ecuatoriano y los movimientos indígenas, que históricamente han encabezado protestas contra políticas económicas consideradas regresivas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), una de las organizaciones convocantes, ha exigido la derogación inmediata del Decreto 126 y la instalación de un diálogo nacional para revisar las medidas de ajuste que afectan a las comunidades rurales.
Además, líderes indígenas han denunciado criminalización de la protesta y persecución judicial contra dirigentes sociales. En respuesta, el gobierno ha manifestado su disposición a dialogar “sin condicionamientos”, aunque ha insistido en mantener las reformas económicas.
Un llamado internacional a la protección de los derechos humanos
La posición de la CIDH se suma a las expresiones de preocupación de Amnistía Internacional y de diversas misiones diplomáticas en Ecuador, que han instado a las autoridades a garantizar la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la seguridad de los manifestantes.
Expertos en derechos humanos destacan que los hechos ocurridos en Ecuador deben investigarse bajo los estándares internacionales establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual prohíbe el uso arbitrario de la fuerza letal por parte de agentes del Estado.
Una crisis que reabre viejas heridas sociales
Las muertes de Rosa Elena Paqui, José Alberto Guamán y Efraín Fuérez no solo reflejan una crisis de derechos humanos, sino también la persistente brecha social y económica entre las zonas urbanas y rurales del país.
La CIDH ha dejado claro que Ecuador enfrenta un desafío urgente: garantizar el respeto al derecho a la protesta y la rendición de cuentas frente a los abusos. Mientras tanto, las comunidades indígenas reafirman su intención de continuar movilizadas hasta que el gobierno atienda sus demandas y se escuche su voz en las decisiones que afectan su sustento y dignidad.
