Desde el 22 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha liderado manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel. El precio del combustible pasó de 1.80 a 2.80 dólares el galón, generando descontento entre campesinos y transportistas.
El impacto económico ha sido inmediato: agricultores y ganaderos enfrentan pérdidas significativas, mientras que sectores clave como la floricultura en Imbabura reportan hasta un millón de dólares diarios en daños.
Estado de excepción y movilización de la fuerza pública
El presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en 10 provincias, incluyendo Pichincha, por 60 días ante la “grave conmoción interna”. Esta medida permite la movilización de las fuerzas de seguridad para garantizar la libre circulación y proteger actividades económicas.
El gobierno denuncia actos terroristas durante las protestas y advierte con penas de hasta 30 años de cárcel para los responsables, señalando infiltración de grupos criminales como la banda venezolana Tren de Aragua.
Consecuencias humanas y sociales de las manifestaciones
Hasta el momento, las protestas han dejado un manifestante muerto, alrededor de 150 heridos y más de 100 detenidos. La violencia ha afectado tanto a civiles como a militares y policías, aumentando la tensión social.
La Conaie reclama no solo la reducción del precio del diésel, sino también la baja del IVA del 15% al 12% y mayores recursos para educación y salud públicas, destacando el papel central de los pueblos originarios en la política ecuatoriana.
Impacto económico y político en Ecuador
El alza del combustible y las protestas han generado alarma en el sector productivo. Los bloqueos de vías han paralizado transporte y comercio, afectando cadenas logísticas y provocando pérdidas millonarias.
Políticamente, el gobierno de Noboa enfrenta la compleja tarea de equilibrar seguridad, economía y diálogo social, en un contexto donde los movimientos indígenas representan un sector significativo de la población nacional.
La crisis del diésel en Ecuador evidencia la tensión entre políticas económicas y demandas sociales. El manejo del estado de excepción, la respuesta de la fuerza pública y el diálogo con las comunidades indígenas determinarán el curso del conflicto. La estabilidad económica y social depende de la negociación y la coordinación efectiva del gobierno con los diferentes actores del país.
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