Un fallo que marca un precedente en la justicia colombiana

A Santiago Uribe, hermano menor del ex presidente Álvaro Uribe Vélez le fué revocada la absolución por el Tribunal Superior de Antioquia, y lo condenó a 28 años de prisión por homicidio agravado, concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad. El caso ha generado amplio debate público debido al peso político de la familia Uribe y la relevancia histórica del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, al cual se le atribuyen más de 300 asesinatos en la década de los 90.

La sentencia emitida este martes anula el fallo del 13 de noviembre de 2024, que había exonerado al empresario ganadero. Ahora, con la nueva resolución, se abre un nuevo capítulo en una investigación que ha tardado décadas en recorrer las distintas instancias judiciales del país. El tribunal concluyó que existían suficientes elementos para atribuirle responsabilidad penal en la promoción y colaboración con la organización armada.

Los 12 Apóstoles y su impacto en Antioquia

El grupo paramilitar Los 12 Apóstoles operó principalmente en el norte de Antioquia durante los años noventa, un periodo marcado por violencia, desapariciones y asesinatos selectivos. De acuerdo con la Fiscalía y diversas investigaciones, la agrupación actuaba bajo supuestos objetivos de “limpieza social”, dirigiéndose contra personas señaladas de delincuencia común o presuntos vínculos con guerrillas.

A esta estructura ilegal se le responsabiliza de más de 300 homicidios, así como de otros hechos violentos que afectaron profundamente a comunidades rurales. Según los testimonios recogidos durante el proceso, varios testigos señalaron a Santiago Uribe como un colaborador clave en la logística y operación del grupo. Aunque la defensa negó reiteradamente estas acusaciones, el tribunal encontró elementos suficientes para sustentar la condena.

La respuesta de Santiago Uribe y las repercusiones políticas

Tras conocerse la decisión, Santiago Uribe declaró en su cuenta de X que siente un “profundo dolor” por la resolución judicial. En su mensaje, defendió su inocencia y criticó el fallo, asegurando que continuará luchando por demostrar que no tuvo participación en actividades ilegales. Su declaración generó reacciones inmediatas tanto de sectores políticos cercanos al uribismo como de opositores que consideran la sentencia un avance en la lucha contra la impunidad.

El caso también tiene repercusiones en el escenario político debido a la figura del ex presidente Álvaro Uribe, quien continúa siendo uno de los actores más influyentes del país. Aunque esta condena no lo vincula directamente, sí forma parte de una larga serie de investigaciones y controversias que han rodeado a su entorno familiar y político. Analistas coinciden en que este nuevo golpe judicial podría tensar nuevamente el debate público y profundizar la división entre simpatizantes y detractores.

Sin beneficios penitenciarios ni prisión domiciliaria

Otro punto clave del fallo es que rechaza la posibilidad de que Santiago Uribe cumpla la condena en prisión domiciliaria, una opción que su defensa había solicitado. La decisión obedece a la gravedad de los delitos, catalogados como de lesa humanidad, razón por la cual no procede ningún tipo de beneficio que implique reducción de la pena o cambio de régimen penitenciario.

Una vez la sentencia sea revisada por la Corte Suprema de Justicia, se emitirá una orden de captura para garantizar el cumplimiento inmediato de la condena. Este paso final es crucial, ya que la defensa podría presentar recursos adicionales dentro del marco legal, aunque las posibilidades de revertir el fallo son limitadas debido al tipo de delitos implicados.

Un mensaje para la justicia transicional y las víctimas

El caso también envía un mensaje al proceso histórico de verdad, justicia y reparación en Colombia. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas celebraron la decisión del tribunal, señalando que representa un paso importante en la lucha contra la impunidad que por años benefició a los responsables de violencia paramilitar.

La condena, además, se interpreta como un precedente en el tratamiento judicial de crímenes cometidos en las décadas más oscuras del conflicto armado. Para las víctimas, este fallo no solo reconoce el sufrimiento vivido, sino que reafirma que incluso figuras con influencia política pueden ser llevadas ante la justicia.

La condena de Santiago Uribe marca un momento clave en la historia judicial de Colombia. Se trata de una decisión que combina implicaciones legales, políticas y sociales, y que reabre un debate profundo sobre la responsabilidad individual en la violencia paramilitar. Mientras el país espera el pronunciamiento de la Corte Suprema, el caso continúa generando reflexiones sobre la memoria, la justicia y el futuro del proceso de reconciliación nacional.