Chile navega en la incertidumbre tras el rechazo ciudadano a dos propuestas de nueva Constitución. El país sigue regido por la carta magna de la era Augusto Pinochet, mientras crece el debate sobre los errores cometidos y el difícil camino a seguir.
Chile se encuentra en un complejo estado de incertidumbre política y constitucional después de que la ciudadanía rechazara en las urnas dos proyectos de nueva Constitución entre 2022 y 2023. Este doble fracaso ha dejado al país sin un camino claro hacia la modernización de su carta fundamental, manteniendo vigente la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, un hecho que continúa siendo fuente de división y debate nacional.
El peso de los fracasos y la «fatiga constitucional»
El primer plebiscito de salida, en septiembre de 2022, contó con una participación histórica del 85.7% del padrón electoral, donde casi el 62% de los votantes optó por el «Rechazo» a la propuesta emanada de la Convención Constitucional. Un segundo intento, con un Consejo Constitucional de composición diferente, también culminó con la negativa ciudadana en 2023. Estos resultados han sumido al país en un período de reflexión y análisis sobre las causas de los fracasos y las lecciones aprendidas.
Expertos y analistas políticos debaten intensamente sobre los factores que llevaron a estos desenlaces, cuestionando incluso las hipótesis académicas previas que veían en los movimientos sociales el motor principal para un cambio constitucional exitoso. Durante los procesos, temas como el derecho de propiedad, el futuro del sistema de pensiones (AFP) y el régimen de contribuciones (impuestos a la propiedad) generaron intensas discusiones y evidenciaron profundas divisiones.
Existe una palpable sensación de «fatiga constitucional» en la sociedad chilena. Tras años de debates, campañas y votaciones, la falta de un resultado concreto ha generado desilusión. Algunos analistas, como la académica Yanira Zúñiga, citada en reportes, señalan que «fallaron los políticos y también la ciudadanía», y que el país ha quedado «más pobre, más injusto y más inseguro». Esta percepción de fracaso compartido podría minar la disposición ciudadana a embarcarse en nuevos procesos, dificultando la construcción de los amplios consensos necesarios para cualquier reforma futura. La advertencia de que un nuevo rechazo podría abrir la puerta a liderazgos populistas o autoritarios subraya los riesgos de no resolver el actual impasse.
«Fallaron los políticos y también la ciudadanía. Chile entra en un nuevo período complejo, porque la historia lo ha mostrado una y otra vez: las Constituciones no se sostienen en el hecho de ganar o no un plebiscito, lo hacen en la medida que todos los contendores políticos le reconocen legitimidad.»
La sombra de la Constitución de 1980 y la incertidumbre económica
La Constitución de 1980, impuesta durante el régimen militar, sigue siendo un símbolo de división para una parte importante de la sociedad chilena, que la asocia con un modelo socioeconómico desigual y un pasado autoritario. Las masivas protestas sociales de 2019, que dieron origen al primer proceso constituyente, fueron en gran medida una manifestación de rechazo a este legado. La incapacidad de reemplazarla ha significado, paradójicamente, la consolidación del statu quo que se buscaba transformar, dejando sin resolver una de las principales fuentes de tensión política y social del país.
Esta parálisis política no está exenta de consecuencias económicas. La prolongada incertidumbre constitucional puede disuadir la inversión y afectar la estabilidad económica. Durante los debates constitucionales, surgieron preocupaciones, como las expresadas por un expresidente del Banco Central, sobre una política monetaria excesivamente restrictiva y su impacto en la actividad económica. La falta de un marco legal y regulatorio predecible a largo plazo puede frenar el crecimiento y postergar decisiones de inversión cruciales para el desarrollo del país.
A pesar de los fracasos, algunos debates generados durante los procesos constituyentes, como la posible constitucionalización del derecho humano al agua o los avances hacia un «constitucionalismo feminista», son vistos por algunos como discusiones valiosas que podrían retomarse en el futuro.
Mientras tanto, el calendario político sigue su curso. El próximo 29 de junio de 2025 se celebrarán Elecciones Primarias Presidenciales, de carácter voluntario. Estas elecciones serán un termómetro del ánimo ciudadano y podrían reconfigurar las fuerzas políticas que deberán enfrentar el persistente dilema constitucional chileno. La gran interrogante sigue siendo si la clase política logrará articular una salida que concite un apoyo mayoritario y permita a Chile avanzar hacia un pacto social renovado.
