El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrear el tráfico de llamadas de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, con el empresario Juan Carlos Barrabés y otros patrocinadores de su cátedra.
La investigación judicial en torno a las actividades profesionales de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un nuevo paso significativo que estrecha el cerco sobre su entorno. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado un informe detallado sobre el tráfico de llamadas de Cristina Álvarez, quien figura como asesora de Gómez en el complejo de la Moncloa con un sueldo público.
La diligencia, encomendada a la UCO, pone el foco específicamente en las comunicaciones mantenidas por Álvarez con números de teléfono vinculados al empresario Juan Carlos Barrabés, sus empresas, y otros patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
El objetivo del magistrado es determinar si Cristina Álvarez, cuyo puesto está adscrito a la Presidencia del Gobierno, pudo haber realizado funciones de carácter privado para Begoña Gómez, excediéndose de sus competencias como personal de Moncloa. De confirmarse, los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de malversación de caudales públicos, al utilizarse recursos del Estado para fines particulares.
Esta nueva línea de investigación se produce después de que el juez Peinado elevara una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigara al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez, si bien la Fiscalía se ha opuesto a dicha imputación.
La decisión del juez ha reavivado la tormenta política. El Partido Popular (PP) ha aprovechado la nueva diligencia para intensificar sus críticas contra el Gobierno, mientras que el PSOE y el propio ejecutivo defienden la legalidad de la contratación de la asesora y enmarcan la causa en una estrategia de «acoso y derribo» contra el presidente Sánchez.
El empresario Juan Carlos Barrabés es una figura central en el caso, ya que sus empresas resultaron adjudicatarias de varios contratos públicos después de que Begoña Gómez firmara cartas de recomendación a su favor. La investigación busca ahora esclarecer el nivel y la naturaleza de la comunicación entre el entorno directo de Gómez, pagado con fondos públicos, y los empresarios beneficiados por sus actividades.
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