La censura a la prensa en Venezuela se intensificó durante la jornada electoral del 27 de julio, marcada por lo que muchos analistas internacionales califican como una «farsa electoral» impulsada por el régimen de Nicolás Maduro. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), al menos diez casos de hostigamiento y obstrucción al trabajo periodístico fueron registrados en cinco regiones del país, en un patrón claro de violación a la libertad de prensa.

Impiden el acceso a centros de votación

Uno de los patrones más repetidos fue la negación del acceso a centros electorales a pesar de que los periodistas contaban con acreditaciones oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). En el estado Lara, reporteros de distintos medios fueron bloqueados al intentar cubrir el voto del candidato Henri Falcón en el municipio Iribarren. Solo se permitió el ingreso vigilado y limitado a camarógrafos y reporteros gráficos, mientras que el resto del equipo de prensa fue excluido por órdenes de personal militar.

Hostigamiento y vigilancia a comunicadores

En el estado Bolívar, los periodistas Félix Requena y Edwin Rosal fueron hostigados e intimidados mientras cubrían el acto de votación de un candidato en el Colegio Nazareth, en Puerto Ordaz. Miembros de mesa les prohibieron tomar fotografías bajo argumentos sin base legal, indicando que solo se podía capturar gráficamente a gobernadores o alcaldes, no a candidatos. Además, los funcionarios grabaron y fotografiaron a los reporteros, acusándolos de ser saboteadores del proceso. “Solo estábamos documentando la jornada. Lo que hicieron fue un intento claro de intimidación”, denunció Requena.

Detenciones arbitrarias y eliminación de material

Otro caso grave de represión informativa se produjo en el estado Cojedes, donde la periodista Pilar Guerra, acreditada por Qué Pasa Venezuela y Mango Noticias, fue retenida en la entrada de un centro electoral. Aunque presentó su cédula de identidad y su acreditación del CNE, un efectivo del Plan República le impidió el paso sin ninguna justificación legal.

En Barquisimeto, también en Lara, el equipo del diario El Impulso fue obligado a eliminar fotografías tomadas en el Colegio La Salle, pese a contar con autorización previa de la coordinadora del centro. La orden fue emitida por un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lo que el SNTP denunció como una acción de censura sin fundamento jurídico.

Violaciones en otros estados: Aragua, Zulia y Nueva Esparta

El hostigamiento no fue aislado. Se documentaron restricciones similares en Aragua y Zulia, donde periodistas fueron impedidos de ingresar a recintos electorales pese a portar credenciales válidas. En la mayoría de los casos, los obstáculos fueron impuestos por autoridades militares o miembros de mesa, sin explicación legal clara.

En Nueva Esparta, un reportero local fue impedido de grabar imágenes de apoyo en los alrededores del centro de votación en el Colegio Madre Guadalupe, ubicado en el municipio Maneiro. Además, patrullas del Sebin y del Dgcim se encontraban apostadas en las inmediaciones, lo que contribuyó a un ambiente de vigilancia y amedrentamiento.

Denuncia de organizaciones de prensa

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha calificado estos incidentes como parte de una escalada sistemática de represión contra la libertad de información. La organización advirtió que estas prácticas no solo atentan contra el derecho al trabajo de los periodistas, sino también contra el derecho de los ciudadanos a estar informados, especialmente en contextos electorales.

Según el SNTP, lo ocurrido evidencia una estrategia deliberada del régimen para controlar la narrativa mediática, limitando el acceso a la información independiente y bloqueando la cobertura de posibles irregularidades. Este tipo de censura refleja la falta de transparencia en procesos clave para la democracia venezolana.

La jornada del 27 de julio no solo estuvo marcada por cuestionamientos a la legitimidad del proceso electoral, sino también por una represión abierta contra los medios de comunicación. A pesar de las acreditaciones oficiales, los periodistas fueron hostigados, grabados, detenidos e incluso obligados a borrar material.

En un país donde la libertad de prensa está severamente restringida, estos nuevos episodios refuerzan las denuncias sobre la falta de garantías democráticas bajo el régimen de Nicolás Maduro. La vigilancia, la censura y la intimidación se convierten en barreras adicionales que impiden el ejercicio del periodismo libre y comprometido, vital para cualquier sociedad que aspire a la transparencia y la rendición de cuentas.