El ‘caso Koldo‘ ha dado un vuelco decisivo. El juez de la Audiencia Nacional ha imputado formalmente a Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de Adif y una figura de máxima confianza del exministro José Luis Ábalos, por cinco graves delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal.
La investigación sobre la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, conocida como ‘caso Koldo’, ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad, apuntando directamente al corazón del Ministerio de Transportes durante la gestión del PSOE. La imputación de Isabel Pardo de Vera, una de las directivas públicas más poderosas de la era de José Luis Ábalos, supone un punto de inflexión en un escándalo que no deja de crecer.
La prueba clave: Un contrato de 5 millones en su domicilio
La decisión del juez Ismael Moreno se produce tras una operación clave de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Durante un registro en el domicilio de Pardo de Vera, los agentes encontraron un documento que se considera fundamental para la causa: una copia del acuerdo del Consejo de Administración de Adif para la compra de cinco millones de mascarillas, uno de los contratos que originaron toda la investigación.
El hallazgo de esta prueba en su vivienda particular sugiere una implicación personal y directa en la trama, dificultando cualquier intento de argumentar que se trataba de meras decisiones administrativas. Este contrato, según los investigadores, es una pieza central del rompecabezas que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales.
Un catálogo de delitos graves
La imputación de Pardo de Vera no es menor. El juez le atribuye un total de cinco delitos, lo que refleja la seriedad de los indicios en su contra. La lista incluye:
- Pertenencia a organización criminal
- Cohecho (soborno)
- Tráfico de influencias
- Prevaricación administrativa
- Malversación (posible)
Esta batería de acusaciones eleva el caso de una supuesta trama de comisiones a un presunto esquema de corrupción sistémica operando desde dentro de una de las empresas públicas más importantes del país. Pardo de Vera ha sido citada a declarar como imputada ante el juez el próximo 21 de julio.
La red de corrupción: Manipulación de contratos públicos
Según la investigación, el rol de Pardo de Vera habría sido crucial. Se sospecha que, desde su posición de poder en Adif (la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias), facilitó información privilegiada y manipuló procesos de licitación de obras públicas millonarias. Estas acciones, presuntamente, seguían las directrices del ministro Ábalos, transmitidas a través de su asesor y hombre para todo, Koldo García.
La investigación ya no solo se centra en los contratos de mascarillas, sino que se ha ampliado a adjudicaciones de obra pública por valor de cientos de millones de euros, que habrían sido amañadas para beneficiar a una red de empresas amigas a cambio de comisiones.
Terremoto político y reacciones
Este avance judicial ha provocado un terremoto político. Las acusaciones populares personadas en la causa ya han solicitado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea llamado a declarar como testigo. Desde la oposición, el Partido Popular intensifica su presión, mientras que el Gobierno socialista intenta trazar un cortafuegos, insistiendo en que es «implacable con la corrupción» y que cualquier responsabilidad es individual.
La imputación de una figura del calibre de Pardo de Vera por un delito tan grave como el de organización criminal rompe la narrativa de que el escándalo se limitaba a las acciones de un asesor. Ahora, la sombra de la sospecha se cierne sobre la cúpula de un ministerio clave y amenaza con desestabilizar al propio Gobierno.
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