El 22 de abril de 2025, el idílico valle de Baisaran en Pahalgam, Cachemira, se convirtió en escenario de una tragedia. Cinco hombres armados, vestidos con uniformes militares, atacaron a un grupo de turistas, matando a 28 personas e hiriendo a más de 20.
Testigos aseguraron que los atacantes seleccionaban a las víctimas según su religión, exigiendo que recitaran versos islámicos antes de disparar.
El grupo Frente de Resistencia (TRF), vinculado al grupo terrorista paquistaní Lashkar-e-Taiba, se atribuyó inicialmente el ataque, alegando oposición a las políticas de asentamiento del gobierno indio en Cachemira. Sin embargo, días después se retractaron, lo que generó confusión sobre los responsables reales.
Escalada diplomática y militar
La respuesta de India fue inmediata. Acusó a Pakistán de respaldar el terrorismo transfronterizo, suspendió el Tratado de las Aguas del Indo y expulsó a diplomáticos paquistaníes.
Pakistán, por su parte, negó las acusaciones, cerró su espacio aéreo a vuelos indios y advirtió sobre posibles represalias si India lanza un ataque militar.
El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, aseguró tener inteligencia que indica un posible ataque indio en las próximas 24 a 36 horas. El primer ministro Shehbaz Sharif pidió la intervención urgente de la ONU para evitar una escalada mayor.
Preocupación internacional
La comunidad internacional ha manifestado una profunda preocupación. Naciones Unidas y Estados Unidos instaron a ambas naciones a ejercer la máxima moderación.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, llamó a la contención, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, ofreció mediar directamente entre ambos países.
La región de Cachemira, disputada desde la partición de la India en 1947, ha sido foco de varias guerras y constantes tensiones. En 2019, la revocación del estatus especial de Jammu y Cachemira por parte del gobierno indio intensificó aún más el conflicto.
Impacto en la población civil
Más allá del enfrentamiento diplomático y militar, son los civiles quienes llevan la peor parte. Tras el ataque, India cerró más de la mitad de los sitios turísticos en Cachemira, lo que afecta a miles de trabajadores y familias que dependen del turismo para subsistir.
También se reportaron detenciones masivas, una creciente militarización y un ambiente de temor generalizado. Organizaciones de derechos humanos denuncian desde hace años violaciones sistemáticas en la región, que ahora podrían agravarse aún más.
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