Una prisión de máxima seguridad que oculta mucho más que delincuentes
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado por el presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia para combatir las pandillas en El Salvador, se ha convertido en símbolo de su política de mano dura. Pero detrás de las imágenes de reclusos tatuados alineados y sin camisetas, surgen ahora testimonios perturbadores sobre las condiciones dentro de esta megacárcel, que alberga a más de 14,000 personas.
Una investigación de The Washington Post basada en entrevistas a 16 ex detenidos venezolanos, deportados desde Estados Unidos, expone una realidad que va más allá del castigo: abusos físicos, negligencia médica, aislamiento extremo y condiciones de vida que podrían rozar la tortura.
Golpizas, humillaciones y oscuridad constante
Uno de los testimonios más duros describe cómo un hombre fue golpeado hasta quedar inconsciente. Otros relataron haber salido de celdas de aislamiento con moretones, dificultad para caminar o vomitando sangre. En un caso particularmente grave, un detenido volvió a su celda llorando, denunciando que había sido agredido sexualmente.
La celda más temida fue apodada “La Isla”, un espacio donde, según los relatos, los detenidos sufrían los peores abusos. “Vamos a jugar a la piñata con él”, gritaban los guardias antes de las golpizas, una frase que refleja el grado de deshumanización dentro del penal.
Estas denuncias coinciden en los distintos testimonios, aportando una visión consistente de un entorno marcado por el abuso sistemático y la impunidad.
Sin contacto con el exterior y bajo vigilancia constante
Los ex detenidos relataron que durante su estancia en el CECOT, de aproximadamente 125 días, no tuvieron acceso a abogados ni contacto regular con sus familiares. Dormían en literas metálicas sin colchón, con luces encendidas las 24 horas, sin privacidad para bañarse o hacer sus necesidades, y con salidas al exterior prácticamente nulas.
Además, quienes padecían enfermedades como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal recibieron atención médica limitada o nula, elevando los riesgos para su salud y seguridad.
Deportados, criminalizados y silenciados
Los 16 entrevistados fueron parte de un grupo de más de 250 hombres deportados desde Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Algunos fueron enviados al CECOT como parte de un acuerdo internacional con El Salvador, pese a que muchos no tenían antecedentes penales.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, los identificó como miembros del grupo criminal Tren de Aragua, aunque documentos judiciales reconocen que no todos tenían vínculos con pandillas. Sin embargo, el hecho de que no hubiera pruebas penales no evitó su reclusión ni el trato que recibieron.
¿Violaciones a los derechos humanos?
Según Isabel Carlota Roby, abogada de la organización Robert F. Kennedy Human Rights, los testimonios podrían constituir violaciones a la Convención de la ONU contra la Tortura, suscrita tanto por El Salvador como por Estados Unidos. El hecho de que el gobierno estadounidense haya pagado seis millones de dólares a Bukele por la detención de estos venezolanos genera cuestionamientos sobre su grado de responsabilidad.
Si se comprueba que EE.UU. conocía las condiciones del CECOT al momento del acuerdo, su participación podría derivar en responsabilidad internacional, afirma Roby.
El gobierno de Bukele guarda silencio
A pesar de la gravedad de las denuncias, tres portavoces del gobierno salvadoreño no respondieron a las preguntas enviadas por el Post. En cambio, Damián Merlo, lobista de Bukele en EE.UU., minimizó las acusaciones asegurando que los detenidos eran delincuentes peligrosos y que las imágenes de su salida “los muestran felices”.
Desde la Casa Blanca, se evitó dar una respuesta concreta sobre las condiciones del CECOT. La vocera Abigail Jackson reiteró el respaldo de la administración Trump a la colaboración con Bukele en la lucha contra el crimen, pero no comentó sobre las denuncias de tortura.
Un espejo de la política del miedo
La megacárcel del CECOT ha sido presentada como un símbolo de orden y seguridad, pero los relatos emergentes apuntan a una realidad profundamente alarmante. La combinación de oscuridad, violencia institucional y opacidad política convierte a esta prisión en algo más que un centro de reclusión: es, para muchos, un “infierno” institucionalizado.
Mientras el mundo observa el ascenso del modelo Bukele, estos testimonios invitan a cuestionar los límites de la seguridad y el costo humano de una justicia que se ejerce sin transparencia ni garantías.


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