Human Rights Watch insta a investigar represión policial en Argentina. Preocupa «protocolo antipiquetes» y acciones contra la independencia judicial.
Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han expresado seria preocupación e instado a las autoridades argentinas a investigar el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad durante una protesta liderada por jubilados a principios de año. Aunque los eventos específicos datan de abril, los temas subyacentes sobre la respuesta estatal a la protesta social y la vigencia de un controvertido «protocolo antipiquetes» mantienen su relevancia en el actual contexto argentino.
La respuesta de las fuerzas de seguridad argentinas a las manifestaciones sociales continúa generando debate y preocupación. Un informe de Human Rights Watch, emitido en abril de 2025, documentó lo que describió como «fuerte evidencia» de un «uso indiscriminado y temerario de la fuerza» durante una protesta encabezada por jubilados en Buenos Aires. Entre las acciones cuestionadas se encuentran el disparo de cartuchos de gas lacrimógeno de forma horizontal directamente hacia los manifestantes y el uso de cañones de agua a alta presión contra personas que no ejercían violencia.
Si bien se reportaron actos de violencia por parte de algunos manifestantes, como el lanzamiento de piedras y la quema de vehículos policiales y contenedores de basura –con un saldo de 25 manifestantes y 14 policías heridos–, la proporcionalidad y legalidad de la respuesta de las fuerzas de seguridad han sido puestas en tela de juicio.
El «Protocolo Antiprotestas» y la Independencia Judicial en la Mira
Un elemento central de la crítica es el denominado «protocolo antipiquetes» o «anti-protesta», implementado por el gobierno. Según sus detractores, este protocolo abre la puerta a abusos al criminalizar de manera efectiva cualquier alteración del tráfico causada por manifestaciones y al permitir a la policía el uso de la fuerza «incluso cuando [los manifestantes] no crean una situación de peligro». Esta normativa carecería de disposiciones que exijan a la policía el uso de medios razonables y proporcionados contra los manifestantes.
La situación se tornó aún más tensa cuando una jueza de la ciudad de Buenos Aires ordenó la liberación de 114 manifestantes detenidos, argumentando falta de claridad en los motivos y circunstancias de los arrestos. En una medida que ha sido vista como un intento de amedrentar al poder judicial, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra la magistrada. Este accionar del ejecutivo, sumado a las declaraciones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó que la administración de Javier Milei no investigaría el rol de las fuerzas de seguridad y, por el contrario, las elogió por «proteger la democracia», ha encendido las alarmas sobre un posible deterioro de la independencia judicial y un endurecimiento de la postura oficial frente a la disidencia.
«Existe fuerte evidencia de que miembros de las fuerzas de seguridad respondieron con un uso indiscriminado y temerario de la fuerza. El gobierno debería investigar y asegurar la rendición de cuentas, en lugar de vilipendiar a una jueza que falló sobre la protesta.» – Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Implicaciones para los Derechos Fundamentales
La defensa gubernamental de las acciones de las fuerzas de seguridad y las medidas contra la jueza podrían tener un efecto amedrentador sobre la libertad de reunión y expresión en Argentina. El protocolo antiprotestas, con sus amplias definiciones y la discrecionalidad que otorga a la policía, parece diseñado para restringir la protesta social, más que para gestionarla garantizando derechos.
El hecho de que una protesta liderada por jubilados –un sector de la población generalmente considerado vulnerable y menos propenso a generar desórdenes públicos graves– haya sido reprimida con tal contundencia podría, paradójicamente, galvanizar una mayor simpatía pública y oposición a las políticas gubernamentales, especialmente aquellas de austeridad que a menudo motivan este tipo de movilizaciones. La percepción de una represión desmedida contra un grupo social sensible podría alienar a sectores de la población que de otro modo no estarían políticamente activos, ampliando potencialmente la base de oposición a las políticas del gobierno y a su manejo del descontento social.
La tensión entre el derecho a la protesta y el mantenimiento del orden público sigue siendo un desafío crucial para la democracia argentina, y las acciones del gobierno en este ámbito son observadas de cerca tanto a nivel nacional como internacional.
¿Consideras justificado el «protocolo antipiquetes»? Opina sobre el equilibrio entre seguridad y derecho a la protesta.
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