Colombia enfrenta nuevamente la dolorosa realidad de la violencia contra activistas: una defensora de derechos humanos fue asesinada, según informes de la ONU. Este suceso subraya la grave crisis de seguridad que persiste en el país, a pesar de su reciente elección al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un trágico evento en medio de la contradicción
El pasado 31 de mayo se confirmó el asesinato de Lina María Puentes Vega, una defensora de derechos humanos en Colombia. Este lamentable suceso se produce en un momento de marcada contradicción para el país. Por un lado, Colombia ha sido elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2025-2027, un reconocimiento internacional que destaca su compromiso con los derechos humanos. Por otro lado, la realidad sobre el terreno sigue siendo alarmante para los activistas y la población civil, con una violencia persistente y una expansión preocupante de grupos armados ilegales. La violencia persistente contra los defensores de derechos humanos es una consecuencia directa de la expansión y las operaciones continuas de los grupos armados, junto con la insuficiente protección estatal y los mecanismos de justicia en muchas áreas.
Expansión de grupos armados y abusos continuos
La seguridad en Colombia se ve gravemente comprometida por la proliferación y expansión de numerosos grupos armados, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), diversas «disidencias» surgidas de la desmovilización de las FARC en 2017, y el «Clan del Golfo» (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC). Para junio de 2024, el Clan del Golfo había extendido su presencia a 392 municipios, el ELN a 232, y las «disidencias» a 299, lo que representa un aumento significativo de aproximadamente el 55%, 23% y 30% respectivamente desde 2022. Estos grupos continúan cometiendo graves abusos contra la población civil, que incluyen el reclutamiento de niños (159 casos en el primer semestre de 2024, muchos de ellos indígenas) y el «confinamiento» de más de 71.000 personas entre enero y julio debido a la presencia de minas antipersona, amenazas y la posibilidad de fuego cruzado.
Rendición de cuentas y reformas pendientes
Aunque se ha registrado un descenso en las denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad desde la asunción del presidente Petro en agosto de 2022, la rendición de cuentas por abusos pasados sigue siendo limitada. Las reformas estructurales destinadas a garantizar la no repetición de abusos son insuficientes. Por ejemplo, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación imputó a 24 integrantes del Ejército Nacional por el homicidio de once personas en un operativo militar en marzo de 2022, el Ministerio de Defensa no ha implementado reformas más amplias, como limitar la jurisdicción de la justicia militar en investigaciones de derechos humanos o trasladar la policía fuera de su órbita para asegurar la separación de funciones.
La disociación entre estabilidad macroeconómica y seguridad humana
En contraste con el sombrío panorama de seguridad, la economía colombiana muestra signos de resiliencia. El peso colombiano se mantuvo estable frente al dólar en la apertura del 2 de junio, y el sistema financiero ha demostrado capacidad para resistir a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad, anticipándose una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión. Sin embargo, esta estabilidad macroeconómica no se traduce directamente en una mejora de la seguridad diaria o los derechos humanos para los ciudadanos, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto. La violencia persistente y creciente contra poblaciones vulnerables y defensores de derechos humanos indica crisis sociales y de seguridad profundamente arraigadas que socavan el desarrollo nacional general y la paz. Existe una desconexión entre la estabilidad macroeconómica y la seguridad humana a nivel micro, donde la estabilidad económica podría estar beneficiando a ciertos sectores o centros urbanos mientras la periferia sigue sufriendo la violencia y la falta de presencia estatal.
Implicaciones profundas
La elección de Colombia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU crea una situación paradójica: mientras el país es reconocido globalmente por su compromiso con los derechos humanos, la realidad sobre el terreno para muchos activistas sigue siendo extremadamente peligrosa debido a la dinámica del conflicto interno. Esta situación sugiere que, a pesar de los cambios políticos y los compromisos internacionales, las causas fundamentales de la violencia y la inseguridad para los defensores de derechos humanos en Colombia, particularmente el poder y el alcance de los grupos armados ilegales, siguen sin abordarse o incluso están empeorando en algunos aspectos. Para Colombia, la verdadera «estabilidad» no puede medirse únicamente por indicadores económicos; la violencia persistente y creciente contra poblaciones vulnerables y defensores de derechos humanos indica crisis sociales y de seguridad profundamente arraigadas que socavan el desarrollo nacional general y la paz.
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— INDEPAZ (@Indepaz) June 2, 2025
Lina María Puentes Vega
31/05/25
Baraya, Huila
Lina María Puentes Vega era una lideresa “mujer buscadora” del departamento del Huila. Lina María era miembro de apoyo de la Ubpd y secretaria de la Junta de Acción Comunal de Nueva Reforma. pic.twitter.com/yolEu9UTW3
«Es inaceptable que los palestinos arriesguen sus vidas por alimentos tras la muerte el domingo de al menos 31 personas, cuando intentaban obtener ayuda en un centro de distribución privado respaldado por Estados Unidos e Israel».
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