La historia política de Evo Morales parece estar lejos de cerrarse. Este martes, la Fiscalía de Tarija presentó una acusación formal por el delito de trata de personas agravado, en el marco de una presunta relación del exmandatario con una menor de edad en 2015.
Según el Ministerio Público de Tarija, la investigación —iniciada en septiembre de 2024— reunió indicios suficientes para sustentar el proceso penal, que también involucra a Idelsa Pozo, madre de la menor.
El caso, que amenaza con redefinir el escenario político de Bolivia, se produce en un momento de fuertes tensiones entre Morales y el presidente Luis Arce, su antiguo aliado dentro del Movimiento al Socialismo (MAS).
Los detalles detrás de la acusación
De acuerdo con la fiscalía, la presunta relación entre Morales y la menor ocurrió mientras él aún ejercía la presidencia, y de ella habría nacido una niña.
Morales, quien no ha respondido a ninguna de las citaciones judiciales, se encuentra recluido en el Chapare, en Cochabamba, una zona donde conserva un fuerte apoyo político y social entre cocaleros.
El exmandatario enfrenta además acusaciones en Argentina por presunto abuso de menores, impulsadas por sectores de derecha cercanos al presidente Javier Milei, quien ha sido uno de sus principales críticos en la región.
Evo Morales responde: “Es una persecución política”
Desde su bastión político, Morales denunció que el proceso forma parte de una estrategia de persecución orquestada por el gobierno de Arce, con quien mantiene una relación rota desde hace meses.
“Ya me investigaron en 2020 y no encontraron nada. Ahora quieren destruirme porque saben que el pueblo sigue conmigo”, declaró el exlíder sindical a medios locales.
Su equipo legal sostiene que no existen pruebas sólidas y que la acusación se apoya en testimonios manipulados. Sin embargo, el caso ha generado gran impacto mediático y polarización política, en un país que aún lidia con las heridas del conflicto postelectoral de 2019.
Crisis en la Fiscalía y dudas sobre la independencia judicial
El escándalo sumó un nuevo capítulo cuando Sandra Gutiérrez, fiscal jefe de Tarija y responsable del caso, informó que fue destituida de su cargo por orden del fiscal general del Estado, Róger Mariaca.
“Me llegó mi memorándum de agradecimiento de servicios”, declaró Gutiérrez, sin ofrecer más detalles. Su salida repentina ha encendido alertas sobre presiones internas dentro del sistema judicial boliviano.
Organizaciones civiles y analistas han pedido que el proceso se conduzca con transparencia y sin interferencias políticas, dada la magnitud de las acusaciones y su posible impacto institucional.
Un caso que puede marcar el futuro político de Bolivia
La acusación formal contra Morales no solo podría tener consecuencias legales, sino también políticas: en el MAS se profundizan las divisiones entre los sectores leales a Arce y los que siguen al expresidente.
Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación, y se espera que el tribunal de Tarija defina en las próximas semanas si el proceso avanza a juicio oral.
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