El 2 de diciembre de 2024, el Constituyente Permanente aprobó una reforma histórica al artículo 123 de la Constitución Mexicana, que obliga a las empresas agrícolas, industriales, mineras y de otras clases a proporcionar viviendas con orientación social a sus trabajadores. Esta transformación fue celebrada como un avance crucial por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la calificó de “un paso histórico hacia la justicia social”.
¿Qué incluye esta reforma?
- Viviendas adecuadas: Garantía de acceso a soluciones habitacionales dignas.
- Créditos accesibles: Para la adquisición o mejora de viviendas.
- Arrendamiento social: Un modelo innovador donde las rentas no exceden el 30% del salario, con opción a compra futura.
Este enfoque integral busca superar políticas anteriores que privilegiaban únicamente la propiedad, dejando a muchos trabajadores en situaciones vulnerables.
Arrendamiento social: un modelo transformador
El modelo de arrendamiento social es uno de los componentes más destacados de la reforma. Permite que trabajadores con ingresos bajos o situaciones laborales inestables accedan a una vivienda digna.
Características clave del arrendamiento social:
- Rentas limitadas al 30% del salario.
- Opciones de compra futura para los inquilinos.
- Inclusión de trabajadores previamente excluidos de esquemas tradicionales.
Este modelo responde a una realidad en la que millones de trabajadores no cumplen con los requisitos para acceder a créditos hipotecarios tradicionales.
Retos para la implementación de la reforma
A pesar de su potencial transformador, la reforma enfrenta desafíos importantes:
1. Transparencia y manejo de recursos
El Fondo Nacional de la Vivienda, financiado por aportaciones empresariales y administrado por el Infonavit, deberá contar con mecanismos robustos de supervisión para evitar problemas históricos de opacidad y corrupción.
2. Sostenibilidad financiera
En un contexto de incertidumbre económica, garantizar la viabilidad del sistema será fundamental. Esto implica mantener el equilibrio entre los costos del programa y la capacidad de financiamiento a largo plazo.
3. Evitar usos clientelares
Es crucial que los esquemas de vivienda no sean utilizados con fines políticos o clientelistas, asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
4. Legislación secundaria
El Congreso de la Unión deberá realizar adecuaciones en la legislación del Infonavit para traducir esta promesa constitucional en una realidad tangible para millones de trabajadores.
Un modelo equitativo para un México más justo
Si se implementa correctamente, esta reforma podría marcar el inicio de un sistema habitacional más justo y sostenible, que combine:
- Justicia social: Garantizando viviendas dignas para todos los trabajadores.
- Desarrollo económico: Impulsando la construcción de viviendas y el empleo.
- Sostenibilidad: Creando esquemas financieramente viables a largo plazo.
Reflexión para 2025: Construyendo solidaridad social
El comienzo del 2025 trae consigo una oportunidad única para transformar la vivienda digna en una realidad concreta. Este cambio no solo beneficia a los trabajadores y sus familias, sino que también es un paso hacia la construcción de un país más equitativo.
Compromisos necesarios para el éxito:
- Gobierno: Transparencia y eficiencia en la implementación de la reforma.
- Empresas: Cumplimiento de las nuevas obligaciones con un enfoque social.
- Ciudadanos: Apoyo y vigilancia para garantizar que el derecho a la vivienda se cumpla.
Este hito histórico es una declaración de principios para las generaciones futuras. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de construir un México donde la vivienda digna no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.
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