Después de casi 11 años de representar a las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el abogado Vidulfo Rosales anunció su retiro del caso. La decisión, concretada el pasado 15 de agosto, marca el fin de una etapa en la que el litigante se convirtió en uno de los principales referentes de la defensa de derechos humanos en Guerrero y en México.
Rosales, originario de Tlacoapa, fue pieza clave en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde colaboró por más de dos décadas. Ahí llevó expedientes emblemáticos, entre ellos los de Inés Fernández y Valentina Rosas, mujeres indígenas víctimas de violencia sexual por parte de militares en 2002.
En entrevista, explicó que su salida responde a motivos de salud, aunque reconoció haber recibido la invitación para sumarse al equipo del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz. Aseguró que mantiene un “diálogo respetuoso” sobre una posible colaboración en la construcción de criterios en favor de pueblos indígenas y afromexicanos.
De la primera línea social a la Suprema Corte
El director de Tlachinollan, Abel Barrera, confirmó la incorporación de Rosales a la SCJN. “Es una decisión personal que respetamos. Él cierra un ciclo con nosotros y ahora inicia otro en el máximo tribunal”, señaló.
En una carta fechada el 19 de agosto, Rosales afirmó que deja la “primera línea de la lucha social con la frente en alto” y que seguirá defendiendo los derechos humanos “desde otras trincheras”.
Aunque su salida genera un cambio en la dinámica del caso Ayotzinapa, organizaciones como Tlachinollan, Centro Prodh, Serapaz y Fundar continuarán con la representación legal de las familias.
Con esta decisión, Rosales pasa de ser un símbolo de resistencia social a ocupar un rol institucional en la Suprema Corte, un movimiento que podría influir en la manera en que el Poder Judicial aborde temas de derechos humanos y justicia indígena en los próximos años.
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