La tragedia de Ángel Alejandro, un joven encontrado muerto en la cárcel municipal de Tzucacab, Yucatán, detonó una protesta que se tornó violenta la noche del jueves. Los manifestantes, entre familiares y vecinos, exigían justicia y claridad sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Lo que inició como una marcha pacífica terminó con el vandalismo del Palacio Municipal: muebles incendiados, un vehículo quemado y oficinas saqueadas. Los gritos de “¡justicia!” y “¡no más abusos!” resonaban mientras el alcalde, Eric Fernando Ku Caamal del PVEM, abandonaba el lugar temiendo por su seguridad y la de su familia.
La versión de la familia
Ángel Alejandro fue detenido el lunes por presuntamente alterar el orden público bajo los efectos del alcohol y emitir consignas contra el alcalde. Según familiares, su muerte ocurrió alrededor de las 3:00 a.m., pero no fue notificada sino hasta las 7:00 a.m. por un pariente, lo que generó desconfianza y enojo.
La esposa del joven denunció que no recibió información sobre la detención de su esposo y negó cualquier antecedente legal en su contra, desmintiendo la versión oficial de las autoridades. Asimismo, la familia cuestiona la falta de pruebas documentales y fotográficas sobre la muerte, solicitando una investigación transparente.
Intervención de bomberos y seguridad
El fuego que consumió parte del Palacio Municipal fue controlado por bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, quienes arribaron para sofocar las llamas. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenidos ni cuantificado los daños materiales provocados por la turba.
Los habitantes exigieron la presencia de funcionarios estatales para garantizar que la investigación sobre la muerte de Ángel Alejandro sea imparcial y completa, evidenciando la falta de confianza en las autoridades municipales.
Contexto social y denuncias previas
El caso de Tzucacab refleja la tensión social ante presuntos abusos de autoridad en cárceles locales. La falta de comunicación, el retraso en notificaciones y las inconsistencias en los informes oficiales han motivado que la población exija justicia de manera más enérgica.
Expertos en seguridad señalan que hechos como estos no solo reflejan la indignación por un caso específico, sino que también evidencian problemas estructurales en la gestión de las cárceles municipales y la protección de los derechos de los internos.
Clamor por justicia y transparencia
Mientras la investigación avanza, los familiares de Ángel Alejandro buscan respuestas claras sobre lo sucedido y que se haga justicia. La movilización de los vecinos y la escalada de violencia muestran el nivel de frustración y la demanda de acciones efectivas por parte de las autoridades locales y estatales.
La comunidad permanece a la espera de informes oficiales que puedan esclarecer las circunstancias de la muerte y garantizar que los responsables sean sancionados conforme a la ley.
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