La expresidenta municipal de Playa del Carmen, Roxana Lili Campos Miranda, fue detenida en la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación está relacionada con presuntas irregularidades en contratos públicos para el lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, durante la administración de Campos al frente del entonces municipio de Solidaridad, actualmente Playa del Carmen.

Las autoridades señalan que las operaciones investigadas habrían generado un perjuicio económico superior a 62 millones de pesos al erario municipal, debido a servicios contratados cuyo cumplimiento no habría sido acreditado.

La orden de aprehensión fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

Según la información oficial, la exalcaldesa será trasladada a Quintana Roo para quedar a disposición de la autoridad judicial que solicitó su detención, instancia que deberá resolver su situación jurídica dentro del plazo constitucional correspondiente.

Hasta el momento, la detención corresponde a una investigación penal y no constituye una sentencia condenatoria, por lo que la exfuncionaria mantiene su derecho a la presunción de inocencia.

Investigan contratos de lavado de vehículos por más de 62 millones de pesos

La investigación de la Fiscalía se concentra en tres procedimientos de licitación pública realizados entre 2022 y 2024, periodo correspondiente a la administración municipal encabezada por Lili Campos.

De acuerdo con las indagatorias, las licitaciones habrían sido otorgadas de manera indebida a un particular para realizar servicios especializados de lavado de vehículos pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

El monto observado por las autoridades supera los 62 millones de pesos, debido a que presuntamente no se acreditó el cumplimiento de los servicios establecidos en los contratos.

La Fiscalía sostiene que las irregularidades no se limitarían a la contratación del servicio, sino también a la falta de mecanismos de supervisión y comprobación de los trabajos realizados.

Los servidores públicos involucrados habrían omitido revisar si la empresa cumplía con las condiciones acordadas y si existía documentación suficiente para justificar los pagos efectuados.

Estas omisiones forman parte de los hechos investigados por el Ministerio Público, que busca determinar las posibles responsabilidades penales de quienes participaron en los procedimientos de contratación y seguimiento.

Empresa reportaba hasta 865 lavados mensuales para solamente 123 vehículos

Uno de los principales elementos que llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de servicios de lavado que supuestamente realizaba la empresa contratada, en comparación con el número de vehículos municipales disponibles.

Según la Fiscalía, durante el periodo investigado, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contaba con un parque vehicular de 123 unidades, pero los registros señalaban hasta 865 lavados en un solo mes, sin considerar días de descanso.

Esto significa que, de acuerdo con las cifras reportadas, cada vehículo habría recibido en promedio alrededor de siete servicios de lavado durante ese mes.

Otro de los aspectos señalados por las autoridades es que la empresa encargada del servicio únicamente contaba con 15 empleados, quienes presuntamente debían atender la totalidad de los trabajos contratados.

La diferencia entre el número de vehículos, la cantidad de lavados reportados y el personal disponible forma parte de las inconsistencias que la Fiscalía busca esclarecer.

Sin embargo, estos datos no permiten determinar por sí solos cuántos servicios se realizaron efectivamente, por lo que será necesario que las autoridades presenten las pruebas correspondientes durante el procedimiento judicial.

Fiscalía detecta pagos millonarios sin comprobantes fiscales

Además de las presuntas irregularidades en los servicios contratados, la investigación señala que la empresa prestadora no contaba con los comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos.

A pesar de esta situación, según la Fiscalía, los pagos continuaron realizándose, acumulando una cantidad superior a 62 millones de pesos que no habría contado con la documentación comprobatoria exigida por la legislación.

Los comprobantes fiscales son documentos que permiten acreditar operaciones comerciales y respaldar los pagos efectuados por las instituciones públicas.

Su ausencia puede representar una irregularidad administrativa y dificultar la verificación del destino de los recursos, especialmente cuando se trata de contratos financiados con dinero público.

La Fiscalía también investiga la actuación de los servidores públicos responsables de supervisar estos procedimientos, debido a que presuntamente no verificaron el cumplimiento de los servicios ni la existencia de documentos que justificaran los pagos.

El caso se suma a los cuestionamientos que anteriormente se habían presentado sobre el manejo de recursos durante la administración de Lili Campos. En mayo de 2025, La Verdad Noticias informó sobre los señalamientos de presuntas irregularidades financieras que enfrentaba la gestión anterior de Playa del Carmen, aunque aquellos antecedentes no acreditan responsabilidad penal en la investigación actual.

Lili Campos será trasladada a Quintana Roo para definir su situación jurídica

La Fiscalía General del Estado informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada en la Ciudad de México mediante un operativo coordinado entre agentes de la Policía de Investigación y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con los registros de la detención, la exfuncionaria fue capturada el jueves 19 de noviembre de 2026, en la alcaldía Venustiano Carranza, de la capital del país. La Jornada

Tras completar las diligencias correspondientes, Roxana Lili Campos Miranda será trasladada a Quintana Roo para quedar a disposición de la autoridad judicial que solicitó su aprehensión.

Será un juez quien determine su situación jurídica dentro de los plazos constitucionales, una vez que se desarrollen las actuaciones procesales correspondientes.

Hasta el momento, la información oficial proporcionada no precisa si la exalcaldesa ya fue presentada ante un juez de control, si se formuló una imputación formal o si se dictó alguna medida cautelar.

Tampoco se ha dado a conocer públicamente el nombre de la empresa beneficiada con las tres licitaciones ni los montos individuales de cada contrato.

¿Qué delito investiga la Fiscalía contra la expresidenta municipal?

La Fiscalía investiga a Roxana Lili Campos por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Este delito puede relacionarse con actuaciones de servidores públicos que, en determinadas circunstancias previstas por la ley, autorizan, contratan o utilizan recursos públicos de manera indebida.

En este caso, la investigación se concentra en tres licitaciones públicas realizadas entre 2022 y 2024, durante la administración de Campos Miranda, quien gobernó el entonces municipio de Solidaridad entre 2021 y 2024.

El presunto perjuicio económico superior a 62 millones de pesos corresponde a la estimación presentada por la Fiscalía y todavía deberá ser acreditado ante la autoridad judicial.

Por lo tanto, no se ha establecido mediante una sentencia que la expresidenta municipal se haya apropiado personalmente de esa cantidad, ni que los hechos investigados constituyan una responsabilidad penal demostrada.

La ciudadanía puede consultar los comunicados y las actualizaciones institucionales en el portal oficial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

La detención de Lili Campos abre una nueva etapa en la investigación sobre el manejo de recursos públicos durante su administración, particularmente en la contratación y supervisión de servicios municipales.

Mientras avanzan las diligencias, la exalcaldesa mantiene su derecho a la presunción de inocencia y será la autoridad judicial la encargada de determinar si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal.

La información proporcionada permite integrar un enlace interno pertinente de La Verdad Noticias y el enlace institucional de la Fiscalía; no encontré un segundo artículo interno suficientemente relacionado y verificable, por lo que no añadí una dirección inventada.