Desde el Congreso de Quintana Roo se ha presentado una iniciativa de decreto para crear la Ley de Educación Superior del estado, con la que se busca sentar las bases legales para garantizar este nivel educativo como un derecho humano.
El promotor de la iniciativa, el diputado Jorge Sanén, explicó que la propuesta
Esta propuesta, impulsada por el diputado de Morena, Jorge Sanén, no solo pretende ordenar el sistema educativo, sino transformar la visión sobre el acceso a la universidad en la entidad.
“Esta iniciativa tiene como propósito normar las facultades, atribuciones y competencias en materia de educación superior, pero sobre todo reconocer y garantizar el derecho humano a la educación para todas las personas.
“La educación superior deja de concebirse como un privilegio limitado y se consolida como un derecho accesible, inclusivo y orientado al desarrollo integral”, dijo.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el papel de la educación superior en el desarrollo del estado. El diputado destacó que no se trata únicamente de formar profesionistas, sino de impulsar ciudadanos con compromiso social.
“La educación superior debe contribuir al desarrollo social, ético, cultural, científico, tecnológico y económico del estado, formando personas creativas, innovadoras y emprendedoras, pero también con un alto sentido de responsabilidad social”, comentó.
Creación de un sistema estatal y coordinación institucional
La iniciativa contempla la creación del Sistema Estatal de Educación Superior, con el objetivo de articular esfuerzos entre instituciones públicas y privadas, así como entre los distintos niveles de gobierno.
“Se plantea un modelo de gobernanza educativa que fortalezca la rectoría del Estado, con coordinación, planeación estratégica, transparencia y rendición de cuentas, respetando la autonomía universitaria y la diversidad institucional”.
Además, se propone la creación de un Consejo Estatal para la Coordinación de la Educación Superior, que funcionará como un espacio de diálogo y toma de decisiones.
De acuerdo con Sanén, el proyecto incorpora un enfoque transversal de derechos humanos, con especial atención en la inclusión y la equidad. Es por ello que el acceso a la educación no debe estar condicionado por factores económicos o sociales.
“El Estado debe garantizar que ninguna persona vea restringido su derecho a la educación por razones económicas o de vulnerabilidad. La educación superior es una herramienta para superar desigualdades estructurales y fortalecer la dignidad humana”.
También se incluyen medidas específicas para prevenir la violencia, particularmente la de género, dentro de las instituciones educativas:
“Se deberán implementar protocolos de atención, diagnósticos y servicios de apoyo que protejan el bienestar físico, mental y social de estudiantes y personal, promoviendo entornos seguros y libres de violencia”.
Tecnología, becas y acceso equitativo
La iniciativa también apuesta por la modernización del sistema educativo mediante el uso de tecnologías digitales, así como por el fortalecimiento de esquemas de apoyo económico.
“Se promoverá el uso de tecnologías de la información y el aprendizaje digital para ampliar las oportunidades educativas, así como la implementación de estrategias que garanticen el acceso a herramientas tecnológicas en la docencia”.
En el caso de instituciones privadas, se establece la obligación de otorgar becas a los aspirantes.
“Las instituciones deberán destinar al menos el cinco por ciento de su matrícula a becas, dirigidas a estudiantes con limitaciones económicas o alto desempeño académico, como un mecanismo para garantizar la equidad”.
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