El eco de la agresión en un cine de Puerto Escondido resuena ahora en los pasillos del poder. Lo que comenzó como un video de indignación en TikTok se está transformando en una prueba de fuego para la administración del gobernador Salomón Jara Cruz. Ciudadanos, activistas y líderes de opinión exigen que el gobierno estatal pase de la inacción a una estrategia clara que garantice la seguridad y el respeto a los oaxaqueños frente a un turismo que, en ocasiones, se torna predatorio.
La pregunta en el aire es si el gobierno tiene la voluntad y las herramientas para hacer valer el estado de derecho por igual para locales y visitantes.
De la Indignación Viral a la Presión Política
El incidente protagonizado por la tiktoker Sthepany ha servido como catalizador. La percepción generalizada es que no se trata de una «manzana podrida», sino de un patrón de comportamiento que se ha vuelto cada vez más común en los polos turísticos de Oaxaca. Esto pone en entredicho la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad, turismo y justicia.
Las críticas apuntan a una aparente pasividad de las autoridades locales y estatales, que podría interpretarse como una priorización de los ingresos turísticos por encima del bienestar de la población local. Este sentimiento se ve reforzado por estudios como el Índice de Competitividad Estatal (ICE) del IMCO, que consistentemente ha ubicado a Oaxaca entre las entidades con calificaciones más bajas en el pilar de «Derecho», que mide la seguridad y la justicia. El incidente en el cine es visto como una manifestación tangible de esa debilidad institucional.
Las Demandas Concretas
Las exigencias que han surgido desde la sociedad civil son claras y van más allá de una simple disculpa o una detención aislada:
- Protocolos claros: Establecer protocolos de actuación para la policía turística y municipal ante denuncias de agresión por parte de extranjeros.
- Campañas de concientización: Lanzar campañas dirigidas a los visitantes, en aeropuertos y hoteles, sobre las leyes y normas de conducta locales.
- Sanciones ejemplares: Asegurar que los agresores enfrenten consecuencias legales reales, sin importar su nacionalidad, para combatir la percepción de impunidad.
- Regulación de rentas: Atender el problema de fondo de la gentrificación, que es una de las raíces del conflicto social, mediante la regulación de plataformas de alojamiento como Airbnb.
«Exigimos el cese inmediato de la represión, respeto a los derechos humanos, alto a la criminalización y políticas migratorias inhumanas.» – Pronunciamiento del Congreso de Oaxaca en un tema relacionado con migrantes, que refleja la sensibilidad política sobre temas de extranjeros.
El gobierno de Salomón Jara se encuentra en una encrucijada. Su respuesta a esta crisis definirá su postura sobre un tema de alta sensibilidad: si Oaxaca será un paraíso para todos o un lugar donde sus propios ciudadanos se sienten como extraños. La presión está sobre la mesa, y la sociedad oaxaqueña espera acciones, no solo palabras.
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