La tensión en la frontera Tijuana-San Diego ha escalado a un nuevo nivel con la designación por parte de Estados Unidos de «zonas de defensa nacional» en su franja sur y el inicio de detenciones de migrantes directamente por personal militar estadounidense. Estas medidas encienden las alarmas en Tijuana, que anticipa un recrudecimiento de la crisis migratoria y una presión sin precedentes.
La ya compleja situación en la frontera de Tijuana con San Diego se ha tornado aún más crítica. La administración del presidente Donald Trump ha implementado una nueva y controvertida estrategia de control fronterizo: la creación de «zonas de defensa nacional» (NDA, por sus siglas en inglés) a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Una de estas zonas se ubica en Nuevo México y otra en un tramo de 97 kilómetros en el oeste de Texas, desde El Paso hasta Fort Hancock , con planes explícitos de añadir más en el futuro. Lo más alarmante para la dinámica fronteriza y los derechos de los migrantes es que, dentro de estas áreas, tropas del Ejército estadounidense han comenzado a detener directamente a personas acusadas de ingresar ilegalmente.
Militares en Funciones de Patrulla Fronteriza
El Teniente Coronel del Ejército de EE.UU., Chad Campbell, describió las primeras detenciones realizadas por tropas la semana pasada cerca de Santa Teresa, Nuevo México. Tres migrantes fueron interceptados por un equipo de respuesta del Departamento de Defensa tras cruzar la barrera fronteriza, quienes les ordenaron sentarse. En aproximadamente tres minutos, agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron para la aprehensión formal, calificándose ese lapso como una «detención temporal» por parte del ejército. Estos tres individuos se suman a más de 1,400 migrantes que ya enfrentan cargos por ingresar ilegalmente a estas zonas militarizadas bajo la nueva estrategia.
Aunque la Ley Posse Comitatus generalmente prohíbe que el personal militar realice funciones de aplicación de la ley civil en suelo estadounidense, se está invocando una excepción conocida como la «doctrina de propósito militar». Fiscales federales y defensores de estas zonas argumentan que este enfoque complementa los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza y disuade los cruces ilegales. Sin embargo, abogados defensores y algunos jueces ya están cuestionando la aplicación de cargos de seguridad nacional contra migrantes, que podrían acarrear penas de hasta 18 meses de prisión, adicionales a los posibles seis meses por ingreso ilegal. De hecho, un juez en Nuevo México ya ha desestimado más de 100 de estos cargos por falta de pruebas de que los migrantes supieran que estaban en una zona de defensa.
Impacto Inmediato y Severo para Tijuana
Para Tijuana, estas medidas representan una amenaza directa con múltiples frentes:
* Presión Migratoria Extrema: Un cierre fronterizo más hermético y militarizado en ciertos puntos de cruce habituales podría generar un «efecto embudo», concentrando a un número aún mayor de migrantes en Tijuana. Esto desbordaría la ya precaria capacidad de los albergues y podría llevar a la proliferación de campamentos improvisados en condiciones infrahumanas.
* Aumento de la Desesperación y los Riesgos: Ante la creciente dificultad para cruzar y la amenaza de ser detenidos por militares, los migrantes podrían recurrir a rutas mucho más peligrosas a través del desierto o montañas, o caer en manos de redes de traficantes de personas («coyotes») que prometen cruces cada vez más costosos y arriesgados.
* Alteración de la Dinámica Transfronteriza: La vida en una región binacional como Tijuana-San Diego, caracterizada por intensos flujos comerciales, laborales y familiares, se vería inevitablemente afectada. Una frontera más militarizada y hostil podría enfriar las relaciones comunitarias y obstaculizar la cooperación local en temas de interés mutuo. La percepción de la frontera como una «zona de conflicto» en lugar de una región de interdependencia podría dañar el tejido social y económico construido durante décadas.
Esta escalada en la militarización y las detenciones directas por parte del ejército representan una normalización preocupante de la participación militar en la aplicación de leyes migratorias, desdibujando las líneas con la labor policial civil. Esto no solo tiene implicaciones para los derechos de los migrantes, sino que también plantea serios cuestionamientos legales sobre el debido proceso y el alcance de la Ley Posse Comitatus.
Voces de Alerta: Derechos Humanos y Asilo en Peligro
Organizaciones de derechos humanos como la ACLU han expresado su profunda preocupación por la militarización de las comunidades fronterizas y la creación de estas «zonas de amortiguamiento fronterizo», viéndolas como una erosión del principio constitucional que impide a los militares ejercer funciones policiales sobre civiles. La ACLU de Nuevo México advirtió que esto amenaza las libertades civiles y el tejido cultural de las zonas fronterizas.
Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha recordado que, si bien los estados tienen el derecho soberano de gestionar sus fronteras, deben hacerlo respetando sus compromisos de protección a refugiados y garantizando que las personas necesitadas de protección internacional tengan acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes. La combinación de zonas militarizadas y un posible desmantelamiento del sistema de asilo (como se contempla en el Project 2025 , que aunque no es política actual, indica una dirección de pensamiento influyente) podría crear una «trampa humanitaria» en Tijuana. Los migrantes se verían incapacitados para cruzar, sin poder solicitar asilo de manera efectiva, y enfrentando una escasez de recursos y mayores riesgos en una ciudad ya sobrecargada.
«Hemos sido muy claros en que habrá Áreas de Defensa Nacional adicionales a lo largo de la frontera sur.» – Geoffrey Carmichael, portavoz de un grupo de trabajo de control fronterizo de EE.UU..
La postura del gobierno mexicano ante estas nuevas medidas será crucial. Históricamente, México ha rechazado la intervención militar extranjera en su territorio. Aunque la Casa Blanca ha llegado a describir la frontera como «silenciosa» , la realidad en el terreno para ciudades como Tijuana es de una tensión creciente y una crisis humanitaria que amenaza con agravarse. Estas acciones se enmarcan en una campaña más amplia de redadas de ICE en el interior de EE.UU., que han provocado protestas generalizadas.
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