Tarifazo Guadalajara volvió a colocar al transporte público en el centro del debate social. Cientos de personas marcharon este domingo por las calles de la capital jalisciense para rechazar el incremento de 9.50 a 14 pesos en el pasaje, así como la imposición de la tarjeta bancaria naranja como método de pago “preferencial”, una medida que organizaciones sociales califican como un golpe directo a la economía popular.

Guadalajara: Marchas multitudinarias contra el aumento del transporte

La Asamblea Popular contra el Tarifazo encabezó una movilización que partió de la glorieta de la Minerva y concluyó en Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Durante el recorrido, los manifestantes corearon consignas que exigían frenar el alza tarifaria y, en algunos casos, pidieron la renuncia del mandatario o un proceso de revocación de mandato.

Esta fue la segunda protesta del fin de semana. Un día antes, otros colectivos marcharon desde el parque Revolución hasta el centro histórico, donde además plantearon la creación de una empresa estatal de transporte público con tarifa de cinco pesos y unidades eléctricas.

Rechazo a la tarjeta naranja y uso de datos personales

Uno de los principales puntos de inconformidad es la tarjeta VISA naranja, operada por la financiera Broxel, con la que el gobierno estatal ofrece una tarifa “preferencial” de 11 pesos en lugar de 14. Para los manifestantes, el esquema representa un mal negocio para los usuarios, ya que implica compartir datos personales, biométricos y de geolocalización, además del pago mensual por el plástico.

Diversas pancartas expresaron la postura ciudadana: “No queremos una tarjeta bancaria para usar camiones” y “Transporte gratuito para adultos mayores y discapacitados”. Algunos asistentes advirtieron riesgos adicionales, especialmente para niñas, niños y adolescentes, al abrir la puerta a posibles ataques cibernéticos o uso indebido de información sensible.

Críticas al subsidio y a los empresarios del transporte

Los colectivos también cuestionaron el anunciado subsidio de mil 200 millones de pesos a transportistas, al que calificaron como “un robo en despoblado”. Aseguran que el aumento beneficia principalmente a los empresarios camioneros, mientras que la población trabajadora debe absorber el impacto en uno de sus gastos más básicos.

Durante las marchas se denunció que en Nuevo León, otro estado gobernado por Movimiento Ciudadano, se prepara un incremento similar que podría llevar la tarifa hasta los 17 pesos, lo que, según los organizadores, evidencia una política común que favorece a concesionarios privados.

Economía familiar bajo presión y obras cuestionadas

Al llegar a Casa Jalisco, los manifestantes leyeron un pronunciamiento en el que señalaron que el tarifazo obliga a muchas familias a sacrificar otros gastos esenciales para poder trasladarse a trabajar o estudiar. La consigna “No queremos FIFA, que baje la tarifa” se repitió a lo largo del trayecto, en alusión a obras públicas asociadas al Mundial de Futbol y consideradas de “relumbrón”, mientras proyectos estratégicos como una línea de tren eléctrico al aeropuerto quedaron relegados.

Los organizadores subrayaron que la urgencia por cumplir con compromisos internacionales no debería estar por encima del derecho a un transporte accesible y digno para la población local.

Colectivos unidos contra el tarifazo y vigilancia de derechos humanos

La convocatoria fue respaldada por al menos 18 organizaciones, incluidos grupos de familiares de personas desaparecidas, jubilados de Pemex y el comité Guadalajara pro Palestina. También participó personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como observador, luego de que en protestas previas se registraran detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, particularmente estudiantes.

La presencia de ciclistas del paseo dominical, quienes se sumaron espontáneamente tras las vueltas a la glorieta de la Minerva, amplió el alcance de la movilización.

Anuncian más protestas y acciones legales

Los inconformes adelantaron que las movilizaciones continuarán mientras avanzan recursos legales como plebiscitos, referendos y amparos colectivos para intentar frenar el aumento. Para ellos, el tarifazo Guadalajara no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia que mercantiliza un servicio esencial.

Advirtieron que mantendrán la presión social hasta lograr un modelo de transporte público más justo, transparente y centrado en las necesidades de la ciudadanía.