Referendo tarifazo Jalisco es la expresión que hoy concentra el descontento social en el estado. Más de 20 mil ciudadanos decidieron activar uno de los mecanismos de participación más complejos —y menos usados— de la democracia local para intentar frenar el aumento a la tarifa del transporte público, que pasará de 9.50 a 14 pesos a partir del 1 de abril. No se trata solo de un ajuste al pasaje: es una discusión sobre legalidad, poder ciudadano y el límite real de las decisiones gubernamentales.

Referendo: Más de 20 mil firmas y un mensaje político claro

El movimiento ciudadano entregó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) 14 mil 873 firmas digitales recabadas mediante la plataforma oficial Fírmale, además de 554 hojas con firmas físicas. Aunque estas últimas aún deben ser validadas, el promovente del referendo, Ulises Estrada, aseguró que el total supera las 20 mil 500 firmas.

La cifra no es menor. Superar el umbral mínimo dentro del plazo legal implica que el procedimiento de referendo ha iniciado formalmente, como lo confirmó el propio IEPCJ. En términos políticos, el mensaje es contundente: existe una base social organizada que cuestiona el acuerdo firmado por el gobernador Pablo Lemus y exige ser escuchada.

El conflicto clave: ¿tarifa o contribución?

El corazón del debate no está en el número de firmas, sino en la naturaleza jurídica del aumento. El gobierno de Jalisco sostiene que las tarifas del transporte público son de carácter contributivo, lo que, según la Ley de Participación Ciudadana del estado, las excluiría de cualquier consulta popular.

Desde la postura oficial, el pasaje es una contraprestación por un servicio público regulado por el Estado, aunque en la práctica la mayoría del transporte esté concesionado a empresas privadas. Esta interpretación ha sido reiterada desde enero, cuando el Ejecutivo estatal advirtió que impuestos, cuotas y cargas tributarias no pueden someterse a referendo.

Del otro lado, los ciudadanos argumentan que pagar el transporte no es un impuesto, sino un cobro por un servicio que impacta de forma directa y cotidiana la economía familiar. Definir esta diferencia no es un tecnicismo: es lo que determinará si la ciudadanía puede o no votar para revertir el aumento.

El proceso institucional que definirá el futuro

Una vez que el IEPCJ concluya la revisión formal de la solicitud, las firmas serán enviadas al Instituto Nacional Electoral para su validación. Con ese paso, se integrará el expediente que será remitido al Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza (CPCPG), el único órgano facultado para declarar si el referendo es procedente.

Este consejo no es un actor menor. Su composición incluye representantes académicos, organizaciones civiles, funcionarios estatales, un diputado del Congreso local y autoridades electorales. La presidencia recae en Ramón Marcelo Cortés Martínez, empresario hotelero de filiación panista, mientras que la secretaría ejecutiva está a cargo de Claudia Patricia Arteaga Arróniz, funcionaria del gobierno estatal emecista. La diversidad del consejo añade una dimensión política inevitable a la decisión.

Qué pasaría si el referendo avanza

Si el CPCPG declara procedente el referendo, el IEPCJ deberá organizar la consulta dentro de los 90 días siguientes. Pero el reto no termina ahí. Para que el resultado sea vinculante, debe participar al menos el 33% del listado nominal del estado y más de la mitad de los votantes debe pronunciarse a favor de derogar o abrogar el acuerdo tarifario.

En la práctica, esto implica movilizar a cientos de miles de personas en un ejercicio que requiere información clara, logística robusta y un alto nivel de confianza ciudadana. De lograrse, sería uno de los precedentes más importantes de participación directa en Jalisco.

Más allá del pasaje: lo que realmente está en juego

El referendo tarifazo Jalisco no solo cuestiona un aumento de 4.50 pesos. Pone sobre la mesa la relación entre ciudadanos y gobierno, el uso real de los mecanismos de participación y el impacto económico de decisiones tomadas desde el poder. Para miles de usuarios, el alza representa un golpe directo al ingreso mensual; para el gobierno, es una medida necesaria para sostener el sistema de transporte.

El desenlace marcará un precedente: o se refuerza la idea de que las consultas ciudadanas tienen límites muy estrechos, o se abre la puerta a que decisiones que afectan el bolsillo puedan ser revisadas por la gente. En cualquiera de los dos escenarios, el caso ya dejó claro algo esencial: la ciudadanía organizada puede obligar al poder a rendir cuentas.