La imagen de una señora de la tercera edad con voz temblorosa anunciando el cierre de su panadería por amenazas de extorsión conmovió a miles de usuarios en redes sociales. El caso, que rápidamente se viralizó, reveló una realidad que enfrentan muchos comerciantes en Quintana Roo: el cobro de piso. Pero también expuso la respuesta inmediata de las autoridades, que no solo brindaron protección a la víctima, sino que identificaron el origen de las amenazas.
La afectada es propietaria de la Panadería Chiapas, un negocio familiar con más de nueve años de trayectoria en Cancún, donde junto a su esposo y un equipo de diez personas elaboran pan artesanal con recetas tradicionales de más de medio siglo. Al recibir llamadas amenazantes en las que un hombre que decía pertenecer a un grupo delictivo exigía 10 mil pesos, la mujer decidió cerrar su negocio para proteger a su familia. La noticia generó indignación, apoyo social y atención oficial.
“Al tener conocimiento de los hechos que se viralizaron en una plataforma digital, la Fiscalía General del Estado, junto con el Grupo Centurión, acudió de inmediato a la panadería para brindar apoyo y exhortar a la señora a presentar la denuncia correspondiente”, explicó el fiscal Raciel López Salazar. Fue gracias a esta denuncia que se logró rastrear el número del que provenían las llamadas: un teléfono dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México.
El fiscal aseguró que se activaron medidas de protección de forma inmediata con apoyo de la Policía Estatal, Municipal, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina. Además, se le informó a la víctima que no corría peligro físico y que podía continuar con su labor sin temor. Así lo hizo, reabriendo su panadería con el respaldo de una comunidad que valora su esfuerzo y su producto. “Es una panadería de mucha tradición chiapaneca y de una familia muy trabajadora”, resaltó López Salazar.
Este caso puso de relieve uno de los delitos más sensibles en el estado. “El tema de la extorsión es de gran relevancia para nosotros, ya que lastima los negocios establecidos”, declaró el fiscal, quien informó que en lo que va del 2025 se han detenido a 152 personas por el delito de extorsión, de las cuales el 94% han sido vinculadas a proceso. Además, se han dictado 23 sentencias condenatorias, reflejo del trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad y el Poder Judicial.
El fiscal aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía: “Invitamos a todos los comerciantes y ciudadanos a que denuncien cuando sean víctimas de este delito. Nosotros vamos a actuar con el grupo de coordinación interinstitucional. No están solos”.
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