La construcción de un cuarto muelle para cruceros en Cozumel ha encendido las alarmas entre habitantes, científicos y organizaciones ambientalistas que advierten del grave riesgo que representa para el ecosistema marino, particularmente sobre el arrecife conocido como muro de Villa Blanca.
Este arrecife, ubicado frente a la costa occidental de la isla, es considerado una joya ecológica por sus intensas corrientes de agua, su biodiversidad y su estado saludable de conservación. “No son dos, tres coralitos. Es un arrecife sano. Es un arrecife que sí tiene un valor ecosistémico muy importante”, declaró Oscar Rébora, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo.
La oposición al proyecto ha cobrado fuerza entre los residentes de la isla, quienes consideran innecesario construir un nuevo muelle cuando ya existen tres terminales de cruceros en operación. Según expresan, estos desembarcaderos son suficientes para cubrir la demanda turística y portuaria de Cozumel.
Organizaciones han denunciado públicamente los daños que podría generar la obra, incluyendo la alteración del hábitat marino, la destrucción parcial del arrecife y un aumento en la contaminación de las aguas. Con pancartas, protestas públicas y recorridos en pangas, los ciudadanos han pedido establecer un diálogo directo con el presidente municipal, José Luis Chacón, para frenar el avance del proyecto.
Semarnat revisa a fondo el proyecto del cuarto muelle
Tras las constantes denuncias y la preocupación expresada por diversos sectores, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió intervenir. La dependencia federal informó que revisará a fondo el proyecto y los permisos que fueron otorgados, para determinar si se apegan a la legislación ambiental vigente.
El caso del cuarto muelle se ha convertido en un símbolo de la tensión entre crecimiento turístico y preservación ambiental en la isla, donde el arrecife Mesoamericano sigue siendo un patrimonio natural de valor incalculable.
Por ahora, el destino del proyecto se encuentra en manos de las autoridades federales. Mientras tanto, la sociedad civil mantiene su vigilancia y continúa exigiendo que se privilegie la vida marina sobre cualquier interés económico.
TE PODRÍA INTERESAR