El crimen organizado en México no solo representa una amenaza de violencia, sino que también está profundamente arraigado en las estructuras sociales, políticas y económicas del país. Los cárteles han logrado llenar los vacíos dejados por un Estado ausente, actuando como proveedores de servicios, empleadores informales y administradores de recursos públicos, consolidando así un poder paralelo que desafía al gobierno.
A pesar de los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum con su Estrategia Nacional de Seguridad, la magnitud de este fenómeno exige una respuesta más amplia y multifacética. Desde la infiltración en las instituciones del Estado hasta la fuerte presencia en comunidades marginadas, los cárteles mantienen un control que debe ser confrontado desde diversas perspectivas para recuperar el Estado de derecho.
La base social del crimen: cómo los cárteles ganan legitimidad
En regiones marginadas, los cárteles han asumido roles que tradicionalmente corresponderían al Estado:
- Seguridad y empleo: En zonas sin oportunidades laborales, los cárteles otorgan ingresos más altos y estables que el mercado formal.
- Servicios básicos: Financian obras comunitarias, ofrecen apoyo económico directo y, en algunos casos, garantizan seguridad frente a otros grupos delictivos.
Este modelo de «proveedor alternativo» refuerza la percepción de que los cárteles son más efectivos que las autoridades gubernamentales, ganando legitimidad en las comunidades.
Violencia y miedo: el control coercitivo de los cárteles
Además de ganar legitimidad, los cárteles utilizan el miedo para consolidar su poder.
- Extorsión sistemática: Financian sus operaciones mediante el cobro a comerciantes, agricultores y ciudadanos.
- Violencia extrema: Asesinatos, desapariciones y ataques son usados para eliminar cualquier oposición y mantener el control territorial.
Este modelo asegura que las comunidades colaboren o permanezcan en silencio, temiendo represalias.
Recursos públicos: el financiamiento invisible del crimen organizado
Uno de los problemas más alarmantes es la manera en que los cárteles logran infiltrar las administraciones locales para desviar fondos públicos a sus actividades ilícitas. Durante las elecciones de 2024, al menos 28 candidatos fueron asesinados, y muchos más fueron amenazados o presionados para colaborar con ellos.
Este control no solo les proporciona recursos financieros, sino también influencia sobre las decisiones políticas, asegurando la complicidad de las autoridades. Esta infiltración política refuerza la impunidad y complica enormemente los esfuerzos para frenar su poder.
Estrategia Sheinbaum: un enfoque integral contra los cárteles
La presidenta Claudia Sheinbaum ha diseñado una Estrategia Nacional de Seguridad que combina la acción directa contra los cárteles con el fortalecimiento del tejido social. Sin embargo, los expertos coinciden en que el enfoque debe ir más allá, atendiendo las raíces estructurales que permiten el crecimiento de estas organizaciones.
Propuestas clave:
- Fortalecer las instituciones locales: Capacitar a las fuerzas de seguridad y garantizar su independencia del crimen organizado.
- Atender la pobreza y desigualdad: Llevar servicios básicos y oportunidades de empleo a las comunidades vulnerables.
- Desmantelar redes financieras: Cortar los flujos de dinero ilícito mediante inteligencia financiera y coordinación internacional.
- Desincentivar la legitimidad social: Mostrar resultados visibles y construir una relación de confianza entre las comunidades y el Estado.
El rol de la sociedad: unidad contra el crimen
La lucha contra el crimen organizado no es responsabilidad exclusiva del gobierno; la participación activa de la sociedad es fundamental para fortalecer la legitimidad del Estado. Esto incluye denunciar prácticas corruptas, involucrarse en proyectos comunitarios y demandar mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Asimismo, es importante que los ciudadanos comprendan que la problemática del crimen organizado no se limita solo a la violencia. Se trata de un fenómeno complejo con causas profundas que requiere un enfoque integral y sostenido en todos los niveles de la sociedad.
Conclusión: construir un futuro seguro y equitativo
El crimen organizado en México representa un reto complejo que demanda una estrategia global. Es necesario implementar acciones firmes para desmantelar las organizaciones criminales, pero también es fundamental fortalecer a las comunidades y las instituciones para garantizar una solución duradera.
Este proceso no será fácil, pero con un liderazgo decidido y la colaboración activa de la ciudadanía, México tiene la capacidad de construir un futuro más seguro y equitativo.
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