El acuerdo de culpabilidad de Ovidio Guzmán en Estados Unidos ha desatado una tormenta política y diplomática. La presidenta Claudia Sheinbaum y la FGR han respondido con dureza a las declaraciones del abogado defensor, Jeffrey Lichtman, en un choque que expone las tensiones en la relación bilateral.
El caso de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, ha trascendido las cortes de Chicago para convertirse en un campo de batalla verbal de alto nivel entre el gobierno de México y la defensa legal del narcotraficante. La declaración de culpabilidad de Ovidio ha sido opacada por una guerra de declaraciones que revela profundas fisuras en la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos.
El Origen de la Fricción: El Acuerdo de Culpabilidad
El viernes, Ovidio Guzmán se declaró culpable de cuatro cargos federales graves en una corte de Chicago: dos por conspiración para distribuir drogas y dos por participación en una empresa criminal continua. Como parte del acuerdo, aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses y el decomiso de 80 millones de dólares, a cambio de una posible sentencia menor a la cadena perpetua.
El problema surgió cuando su abogado, el célebre Jeffrey Lichtman, declaró a medios estadounidenses que el gobierno mexicano no fue parte del acuerdo y que las intenciones de la presidenta Sheinbaum de participar en el proceso eran «absurdas».
La Postura de México: «No Somos Cómplices de Nadie»
La respuesta de la Presidencia de México fue inmediata y contundente. Desde Culiacán, Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó las palabras de Lichtman como una falta de respeto a la investidura presidencial y a la soberanía de México.
«Primero decir que son irrespetuosas, totalmente, de la institución presidencial… Nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni de complicidad con nadie, eso lo sabe el pueblo de México.» – Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
El argumento central de Sheinbaum es que México no puede ser ignorado en un proceso que involucra a un criminal capturado en su territorio, en un operativo donde murieron soldados mexicanos. La mandataria subrayó que existen tratados de extradición con reglas claras y que no es un asunto de «buenas voluntades».
La Fiscalía General de la República (FGR) respaldó la postura presidencial con un comunicado propio, rechazando las «descalificaciones injustas» de Lichtman y calificándolas de «oportunismo mediático destinado a desacreditar a la institución». La FGR recordó que el proceso en EE.UU. solo fue posible gracias a la detención y extradición realizadas por México.
La Respuesta de Lichtman y la Tensión Subyacente
El abogado defensor no se retractó. En una respuesta posterior, acusó a Sheinbaum de actuar «más como vocera de un grupo criminal» y reiteró que no había ninguna obligación legal de incluir a México en las negociaciones del acuerdo de culpabilidad.
Este virulento intercambio va más allá de un simple desacuerdo. Expone una tensión fundamental en la relación bilateral: el gobierno mexicano necesita proyectar una imagen de soberanía y de ser un socio igualitario en la lucha contra el crimen. Por otro lado, el sistema de justicia estadounidense opera de forma independiente, priorizando la obtención de información y cooperación de los acusados para desmantelar redes criminales, a menudo sin consultar a sus socios extranjeros.
Lichtman, conocido por su estilo agresivo, está explotando esta grieta para generar caos y defender a su cliente, mientras que el gobierno mexicano se ve forzado a defender su posición en la arena pública. El caso Ovidio Guzmán ha dejado de ser solo un asunto criminal para convertirse en un termómetro de la compleja y a menudo conflictiva relación entre México y Estados Unidos.
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