En un movimiento que generó especulaciones en Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió a aclarar los motivos detrás del cambio en el mando de la 30 Zona Militar en Villahermosa. La sustitución del general Miguel Ángel López Martínez por el general de brigada Jesús Alejandro Adame Cabrera ha desatado comentarios sobre posibles vínculos con la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y presunto líder del grupo criminal La Barredora.
La presidenta fue enfática: este relevo forma parte de la rutina de cambios que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “No tiene que ver con su declaración; si fuera así, hubiera sido inmediato”, señaló, dejando claro que los relevos obedecen a criterios operativos y temporales dentro de la institución.
Relevo militar en Villahermosa, parte de la estrategia de Sedena
La Secretaría de la Defensa Nacional realiza cambios periódicos en el mando de zonas militares para garantizar la eficacia de las operaciones. El general López Martínez ocupó la 30 Zona Militar desde febrero, y su reemplazo por Adame Cabrera se dio sin incidentes mayores, según fuentes oficiales.
La orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena
En julio de este año, López Martínez reveló públicamente que existía una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, quien fuera exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. Según el militar, también se buscaba a otros líderes de La Barredora, aunque sus nombres se reservaron por cuestiones de investigación.
Especulación vs. realidad
A pesar de los rumores, Sheinbaum reiteró que no hay relación entre la revelación de la orden de aprehensión y el cambio de mando. Esta aclaración busca frenar la difusión de teorías sin sustento y mantener la confianza en la operación de las instituciones de seguridad.
Perspectiva política y social
El tema ha generado interés mediático y social, pues Bermúdez Requena es señalado como figura clave de un grupo criminal en Tabasco. La presidenta y la Sedena mantienen una postura de transparencia y orden institucional, asegurando que los relevos son procedimientos estándar, no castigos ni represalias.
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