Una reforma entre la esperanza y el temor: el Senado aprueba uso de biométricos para buscar desaparecidos
La Cámara de Senadores en México aprobó en comisiones una controvertida reforma legal que, aunque busca agilizar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, ha encendido una fuerte discusión sobre privacidad, vigilancia e intromisión estatal. El centro del debate: la creación de una CURP biométrica obligatoria y una Plataforma Única de Identidad que integrará diversas bases de datos públicas y privadas.
Impulsada por Morena y sus aliados, la reforma recibió el aval en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos con 20 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Se trata de un paso legislativo clave para combatir una de las crisis humanitarias más graves del país, pero su diseño tecnológico y jurídico dividió profundamente al Senado.
¿Qué es la Plataforma Única de Identidad y cómo funcionará?
De acuerdo con el dictamen aprobado, esta plataforma será la fuente primaria de consulta permanente y en tiempo real para localizar a personas desaparecidas. La administrará la Agencia de Transformación Digital y se interconectará con:
- El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
- El Banco Nacional de Datos Forenses
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación
Además, incluirá datos de sectores como salud, educación, telecomunicaciones, transporte, servicios bancarios, religiosos, patronales, y hasta registros de asistencia privada y establecimientos de atención a las adicciones.
Mediante el monitoreo continuo de la CURP biométrica, se podrá identificar cualquier movimiento digital o presencial que pueda generar una línea de investigación o ubicación de una persona desaparecida. Fotografía, huellas dactilares y rastros digitales se convertirán en herramientas activas de búsqueda.
Una medida que busca resultados… pero abre una puerta peligrosa
La propuesta tiene como objetivo reforzar la capacidad institucional para enfrentar una crisis de más de 100 mil personas desaparecidas en México, lo que la convierte en una de las causas más urgentes y sensibles del país. Para sus impulsores, como el senador morenista Miguel Pavel Jarero, esta herramienta responde a un reclamo legítimo: «Si no quieren ayudar a encontrar a los desaparecidos, díganlo. Pero no sean hipócritas».
Sin embargo, la oposición lanzó advertencias contundentes. El senador Ricardo Anaya, del PAN, cuestionó que esta CURP biométrica será usada para vigilancia masiva, afirmando que cualquier persona podrá ser localizada en tiempo real, se sabrá qué compra, dónde está y qué hace. “Esto es un control total sobre la ciudadanía”, sentenció.
La senadora Claudia Anaya del PRI alertó que con inteligencia artificial, una base de datos así podría ser hackeada o utilizada para suplantar identidades, y cuestionó la entrega obligatoria de datos biométricos al INE y a bancos.
¿Espionaje disfrazado o solución tecnológica?
La polémica gira en torno a si esta digitalización forzada de la identidad mexicana, bajo el argumento de eficiencia para la búsqueda, implica riesgos constitucionales y de derechos humanos. El debate recuerda episodios como el uso del software Pegasus, al que se refirió el senador Manuel Huerta (Morena), al defender la propuesta asegurando que «no es vigilancia como antes, ahora hay responsabilidad y control».
Para algunos legisladores opositores, el problema no es la tecnología en sí, sino la falta de controles, transparencia y garantías ciudadanas, además de que acusan que las propuestas de colectivos de madres buscadoras fueron ignoradas en su mayoría.
Las voces de las madres buscadoras: entre el reconocimiento y la omisión
Uno de los puntos más sensibles fue la crítica de senadoras como Alejandra Barrales (MC) y Laura Esquivel (PAN), quienes señalaron que el dictamen no tiene el respaldo de la mayoría de los colectivos de víctimas. Aunque hubo mesas de diálogo, aseguran que no se incorporaron las preocupaciones centrales de quienes más saben sobre la búsqueda en campo.
Del lado de Morena, la senadora Guadalupe Chavira respondió que sí se integraron opiniones y se reconoció la corresponsabilidad del Estado en la crisis. Agregó que la reforma reconoce legalmente a las madres buscadoras como actoras activas y esenciales en los procesos de localización.
¿Qué sigue para la reforma y qué deben esperar los ciudadanos?
El dictamen será discutido en el Pleno del Senado, donde la votación final decidirá su entrada en vigor. En caso de aprobarse, marcará un antes y un después en el uso de tecnología estatal para fines de seguridad y derechos humanos.
Pero también abrirá una nueva etapa en la que millones de mexicanos podrían tener que aceptar una CURP biométrica obligatoria que, según sus críticos, podría ser usada con fines que excedan el propósito original de búsqueda.
Entre el dolor de la ausencia y el miedo a la vigilancia
La reforma para implementar una Plataforma Única de Identidad con CURP biométrica busca responder a una tragedia nacional con una solución digital. Pero lo que promete ser un instrumento poderoso para la justicia, también podría convertirse en un arma peligrosa en manos equivocadas, si no se garantiza transparencia, control civil y límites legales.
México se encuentra ante una encrucijada entre tecnología y libertad, entre seguridad y vigilancia, entre el deber de buscar y el derecho a la privacidad. El tiempo y la vigilancia ciudadana dirán si esta reforma será recordada como una herramienta de justicia… o de control.
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