En el puerto de Acapulco, aún resonaban los discursos triunfalistas del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuando la realidad mostró su cara más cruda: el asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón. Mientras los funcionarios federales y estatales celebraban los supuestos avances en seguridad, el crimen organizado cobraba una nueva víctima, recordándonos la fragilidad de la estrategia actual.
El asesinato de Edmundo Román Pinzón: un golpe en pleno Acapulco
El magistrado, con una trayectoria de más de 40 años en el sistema judicial de Guerrero, fue asesinado a plena luz del día en la zona de Caleta. Este crimen se suma a una larga lista de actos violentos que contrastan con las cifras oficiales presentadas en el Consejo de Seguridad.
¿Qué nos dice este asesinato?
- Impunidad creciente: El crimen organizado opera con libertad incluso en zonas urbanas estratégicas.
- Falta de protección institucional: Funcionarios clave, como jueces y magistrados, están desprotegidos ante amenazas.
- Una narrativa oficial desconectada: Los discursos de éxito no reflejan la realidad en estados como Guerrero, Zacatecas o Sinaloa.
Cifras de seguridad: ¿avance real o maquillaje oficial?
Durante el Consejo de Seguridad, las autoridades federales afirmaron que «todos los delitos graves han disminuido, excepto la extorsión». Sin embargo, la realidad parece contradecir esta afirmación:
- En el sexenio anterior, se registraron 93 homicidios diarios en promedio.
- En lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, el promedio es de 74 homicidios diarios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El problema no es solo la violencia extrema:
- Más de 100,000 desaparecidos están oficialmente registrados en México.
- La extorsión, un delito en aumento, afecta tanto a ciudadanos como a empresarios.
¿Dónde quedan los desaparecidos en el discurso oficial?
Mientras las autoridades celebran avances, las madres de los desaparecidos continúan exigiendo justicia. Los colectivos de búsqueda, que apelan a la empatía de Sheinbaum como madre, enfrentan un muro de indiferencia.
Datos alarmantes:
- Más de 500 personas desaparecidas en Sinaloa en lo que va del año.
- Familias enteras en busca de respuestas, sin apoyo gubernamental.
Crímenes que exponen la fragilidad del sistema
El asesinato del magistrado no es un hecho aislado. En las últimas semanas, otros funcionarios han sido víctimas de la violencia:
- Benito Aguas, diputado federal, asesinado en Veracruz.
- Jaime Navarro, funcionario de la Fiscalía de Jalisco, atacado en Guadalajara.
- Renato Gerardo, funcionario en Chiapas, asesinado frente a su hijo.
Estos casos muestran que la violencia no distingue jerarquías y que la falta de seguridad afecta tanto a funcionarios como a ciudadanos.
El reto de los gobernadores: más allá de los discursos
En el Consejo de Seguridad, la presidenta Sheinbaum llamó a los gobernadores a asumir su responsabilidad en la lucha contra el crimen. Sin embargo, muchos de ellos carecen de estrategias efectivas para combatir la violencia en sus estados.
¿Qué se necesita?
- Coordinación interinstitucional: Los estados deben trabajar de la mano con el gobierno federal.
- Inversión en seguridad: Se requieren recursos para fortalecer las policías locales.
- Enfoque en prevención: Atender las causas de la violencia, como la pobreza y la desigualdad.
Un país atrapado entre la realidad y el discurso
México enfrenta un desafío monumental en materia de seguridad. Los discursos oficiales que destacan «grandes avances» contrastan con una realidad de violencia que se vive a diario en estados como Guerrero, Chiapas y Zacatecas.
Para avanzar, el gobierno no solo debe reconocer la magnitud del problema, sino también tomar medidas concretas que devuelvan la paz a los ciudadanos. La narrativa oficial debe alinearse con la realidad para evitar que las palabras se conviertan en un insulto a las víctimas de la violencia.
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