Taxistas y operadores de la plataforma Uber deberán poner un alto a sus conflictos y convivir en armonía, ya que el Congreso de Quintana Roo ha aprobado una reforma al Código Penal que establece sanciones más severas para los conductores que participen en actos violentos entre sí o contra turistas en el estado.
La iniciativa presentada por la gobernadora Mara Lezama, aprobada por unanimidad con 20 votos a favor, busca atender una de las problemáticas que más aquejan a la población en materia de movilidad y es que, desde la incorporación de los servicios de transporte por plataformas digitales en el estado, en abril del 2023, han surgido una serie de enfrentamientos violentos entre taxistas y operadores de Uber que han afectado la imagen turística del destino.
“La industria turística desempeña un papel fundamental en nuestra economía y su constante crecimiento la convierte en uno de los principales motores de desarrollo estatal. Sin embargo, sabemos que el aumento en la actividad turística plantea desafíos relevantes y que requieren una atención inmediata con soluciones efectivas.
“Las personas que brindan servicios de transporte han recurrido a actos violentos que vulneran los derechos a la vida, la integridad física y al patrimonio de particulares que participan en la prestación de servicios de transportes de pasajeros que no pueden pasarse por alto”, argumentó la gobernadora.
Sanciones más fuertes
En este contexto, la propuesta de Mara Lezama busca incorporar nuevas modalidades a los delitos de lesiones y daños, además de establecer criterios claros para el retiro, suspensión o cancelación temporal o definitiva de licencias de conducir, permisos y concesión.
Como parte de las modificaciones, se ha establecido un incremento de hasta el 50 por ciento en las penas de prisión para los delitos de homicidio y lesiones derivados de enfrentamientos entre prestadores de servicios de transporte público o privado. Además, si las víctimas son menores de edad o turistas, las penas podrían aumentar hasta en dos terceras partes.
Es importante señalar que estos delitos actualmente están sancionados con hasta 25 años de prisión. Con esta reforma, las penas podrían incrementarse hasta 41 años de cárcel, dependiendo de las circunstancias y agravantes del caso.
“Necesitamos sancionar penalmente a los prestadores de servicios de transporte, tanto público como privado, que perpetran actos de agresión contra otros prestadores de servicios de transporte o en contra de los turistas que nos visitan. Es nuestra responsabilidad como gobierno del Estado, asegurar que todos los participantes en esta dinámica, tanto usuarios como conductores estén amparados por una legislación sólida y justa”, dijo Mara Lezama.
Estos delitos serán perseguidos de oficio, lo que significa que las autoridades podrán actuar sin necesidad de una denuncia previa.
“En Quintana Roo, no toleraremos ningún acto que afecte el sustento de las familias y el libre derecho de los usuarios a elegir libremente su medio de movilidad preferido y con ello se garantiza una sana competencia entre modalidades, buscando la igualdad de condiciones entre el servicio público de transporte y el privado”.
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