La prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Constitución, permite encarcelar a una persona mientras enfrenta su proceso, sin necesidad de probar su culpabilidad. Aunque fue concebida como una medida excepcional para ciertos delitos graves, se ha convertido en una regla general desde 2019, con consecuencias devastadoras.
El pasado 13 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 19 que amplía el catálogo de delitos sujetos a esta medida, alcanzando más de 25 crímenes. Esto no solo erosiona el principio de presunción de inocencia, sino que también refuerza un sistema que afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población.
El impacto de la reforma: cárceles llenas de inocentes
¿A quién afecta realmente?
Desde la reforma de 2019, las cárceles mexicanas han registrado un aumento sin precedentes en su población, especialmente de mujeres y personas en situación de pobreza. Según datos oficiales, en 2023 se alcanzaron niveles de ingreso carcelario no vistos en los últimos 15 años.
La prisión preventiva oficiosa ha dejado un saldo alarmante:
- Personas encarceladas sin pruebas: Un simple señalamiento del Ministerio Público basta para enviar a alguien a prisión.
- Sectores vulnerables en desventaja: Las mujeres y los pobres, que tienen menos recursos para defenderse legalmente, son los más afectados.
La reforma: un ataque al principio de presunción de inocencia
El principio de presunción de inocencia, establecido en el artículo 20 constitucional, garantiza que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa lo hace prácticamente inoperante.
¿Cómo funciona la prisión preventiva oficiosa?
- El Ministerio Público, que no forma parte del Poder Judicial, acusa a una persona.
- El juez está obligado por ley a encarcelar al acusado, sin importar si existen pruebas o no.
- La intervención judicial se limita a cumplir lo que dicta el Ministerio Público, eliminando cualquier criterio de interpretación.
¿Seguridad o herramienta de represión?
Aunque el gobierno defiende la reforma como una medida para combatir delitos graves como el contrabando y el trasiego de fentanilo, críticos como el analista Alejandro Hope advirtieron que esta política es contraria a derecho y abre la puerta a la represión política.
Posibles usos indebidos de la reforma
- Perseguir a opositores políticos.
- Reprimir periodistas incómodos.
- Chantajear a empresarios.
La inclusión inicial de delitos como narcomenudeo y defraudación fiscal generó fuertes críticas, aunque estos fueron eliminados del dictamen tras la presión de diversos sectores.
¿Qué sigue para México tras esta reforma?
La ampliación de la prisión preventiva oficiosa genera serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la justicia en México. Este cambio no solo afecta la vida de quienes son encarcelados injustamente, sino que también debilita la confianza en el sistema judicial.
Es crucial que la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los sectores afectados mantengan la presión para evitar que esta medida se convierta en una herramienta de represión y criminalización indiscriminada.
TE PODRÍA INTERESAR