Una red que operaba en la sombra
En los muelles de Tampico y Guaymas, la actividad nocturna parecía rutinaria. Convoyes de pipas se formaban para cargar supuestos aditivos lubricantes recién desembarcados de buques internacionales. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad se escondía una red de corrupción que permitió el ingreso de millones de litros de combustible de contrabando, un esquema que hoy es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).
El papel de los hermanos Farías Laguna
La investigación apunta directamente a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, mandos de la Armada y sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Ellos habrían colocado a personal leal en aduanas estratégicas como Tampico, Altamira y Guaymas, asegurando que el engranaje institucional funcionara en favor del contrabando. Verificadores, jefes de departamento y hasta personal de supervisión de aduanas fueron parte del esquema que abría las puertas a los buques sin revisiones reales.
Empresas beneficiadas en México y Estados Unidos
El expediente judicializado identifica como beneficiarias principales a las empresas importadoras Intanza y Azteca Cone, con domicilios fiscales en Nuevo León, así como a Ikon Mldstream LLC, con sede en Houston, Texas. Entre 2024 y 2025, estas compañías habrían importado aditivos falsos a través de 31 buques. En realidad, lo que ingresaba al país era diésel y combustibles no declarados, disfrazados en documentos aduanales. Incluso el buque Torm Agnes, atracado en marzo en Guaymas, descargó ilegalmente hidrocarburos bajo este esquema.
El modus operandi del contrabando
El mecanismo era sofisticado. Primero, las empresas declaraban aceites y lubricantes que no pagaban los mismos impuestos que el diésel. Luego, agentes aduanales autorizaban el ingreso de los buques, con semáforos verdes garantizados en las revisiones. Personal naval cooptado permitía que pipas entraran a los recintos portuarios para transportar el combustible. Finalmente, los análisis de laboratorio eran falsificados para validar que se trataba de aditivos, cuando en realidad era hidrocarburo. Todo estaba orquestado para evitar cualquier rastro visible de ilegalidad.
Complicidad de funcionarios y empresarios
El expediente revela que funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) habrían actuado en complicidad. En Monterrey, los socios de Intanza y Azteca Cone mantenían vínculos con directivos de Asipona, mientras que en Guadalajara operaba Mefra Fletes, empresa encargada de movilizar el combustible a través de pipas. Estas conexiones fortalecían la red empresarial y logística que sostenía el negocio.
Impacto económico y social del esquema
El contrabando de combustibles afecta directamente a la recaudación fiscal y distorsiona la competencia en el mercado energético. Empresas que pagan impuestos y cumplen con regulaciones enfrentan desventajas frente a quienes ingresan hidrocarburos de manera ilegal. Además, se estima que el daño al erario asciende a miles de millones de pesos, recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud y programas sociales. La corrupción en aduanas no solo enriquece a unos cuantos, también golpea a la ciudadanía al reducir los ingresos públicos.
El reto de la justicia mexicana
La FGR ha judicializado la investigación, pero el reto está en desmantelar una red donde marinos, empresarios y funcionarios tenían roles perfectamente articulados. Las pruebas muestran cómo buques lograban atracar sin controles, cómo se falsificaban análisis y cómo se movilizaban cargamentos en plena noche. La pregunta que queda en el aire es si las detenciones y sanciones alcanzarán a todos los responsables o si, como en el pasado, el caso quedará en la impunidad.
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