La mente y la información generada por el cerebro podrían contar con una nueva protección constitucional en Quintana Roo. La diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Frine Gutiérrez García, presentó una iniciativa para incorporar los llamados neuroderechos a la Constitución estatal.
La propuesta plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 13 de la Constitución Política del Estado para proteger aspectos como la privacidad mental, la identidad personal, el libre albedrío y la integridad cognitiva, ante tecnologías capaces de interactuar cada vez más con la actividad cerebral.
“La mente humana constituye el núcleo de la autonomía individual, la identidad personal y la libertad de pensamiento, por lo que cualquier intervención tecnológica en este ámbito debe estar sujeta a principios estrictos de protección jurídica”, expuso la legisladora.
¿Por qué proteger la mente desde ahora?
De acuerdo con la legisladora, el planteamiento surge ante el avance de las neurotecnologías y las interfaces cerebro-computadora, herramientas que pueden tener aplicaciones médicas y científicas, pero que también abren interrogantes sobre el manejo de la información cerebral y los límites que deberían existir para utilizarla.
“El desarrollo de neurotecnologías ha avanzado dejando vacíos legales que deben de preverse legislando para garantizar los nuevos derechos humanos”, señaló Gutiérrez García.
La diputada explicó que estas tecnologías tienen potencial para ayudar a personas con enfermedades como alzhéimer, Parkinson o epilepsia, pero también podrían llegar a acceder, interpretar o influir en procesos mentales, lo que hace necesario establecer límites jurídicos.
Neuroderechos también buscan evitar desigualdades
Otro de los puntos de la propuesta es garantizar que los beneficios de las nuevas tecnologías no queden únicamente al alcance de quienes tengan mayores recursos económicos.
“Como Diputadas y Diputados debemos prevenir que estas tecnologías generen nuevas formas de desigualdad social”, sostuvo la legisladora.
La reforma pretende establecer las bases para que posteriormente puedan desarrollarse políticas públicas, regulaciones y mecanismos que garanticen un uso ético y responsable de las neurotecnologías, bajo principios de equidad, inclusión y respeto a la dignidad humana.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis. De avanzar en el proceso legislativo, Quintana Roo comenzaría a construir un marco jurídico para proteger una dimensión que hasta ahora ha tenido poca regulación: la privacidad de la mente frente al desarrollo tecnológico.
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