El Congreso de Quintana Roo abrió nuevamente el debate sobre el derecho a decidir en la etapa final de la vida. Esta vez, con una propuesta que busca reconocer el concepto de “Terminación Anticipada”, una figura jurídica que permitiría a los pacientes en fase terminal decidir no ser resucitados ni mantenidos con vida por medios artificiales.
La iniciativa ha sido impulsada por el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Alday, quien comentó que se trata de un complemento a la Ley de Voluntad Anticipada que presentó hace unas semanas ante el Congreso local y con la que se busca dignificar la última etapa de la vida de una persona enferma.
“Esta propuesta no es eutanasia, no se trata de provocar la muerte de nadie. Es una medida de dignidad humana, para que las personas puedan elegir no prolongar su sufrimiento cuando no existe posibilidad de recuperación”, dijo.
El legislador recordó que la Ley de Voluntad Anticipada tiene como propósito dar certeza jurídica y humana a las personas que enfrentan enfermedades sin cura, garantizando que puedan expresar, con total claridad, los tratamientos médicos que desean recibir o rechazar cuando su salud ya no permite decidirlo por sí mismas.
“La vida debe vivirse con dignidad, pero también debemos reconocer que el derecho a morir sin dolor y en paz forma parte de esa misma dignidad”, explicó el legislador.
Un marco legal para decidir con dignidad el final de la vida
De acuerdo con la propuesta, la terminación anticipada permitiría que pacientes diagnosticados con enfermedades terminales soliciten no ser sometidos a procedimientos de reanimación o respiración asistida, dejando constancia legal de su decisión.
El objetivo es evitar la prolongación artificial del sufrimiento de un paciente cuya enfermedad no tiene cura o se encuentre en una etapa terminal, siempre bajo acompañamiento médico, familiar y ético.
El diputado, explicó que 14 estados de la República ya cuentan con leyes que reconocen este tipo de decisiones, y que Quintana Roo no puede quedar rezagado frente a un tema de salud pública y derechos humanos.
“Se trata de humanizar el marco jurídico, de poner al paciente y a su familia en el centro. También de ofrecer a los profesionales de la salud un camino claro para actuar con ética, sin miedo a consecuencias legales por respetar la voluntad de quien decide morir en paz”, dijo.
Recordó que Ley de Voluntad Anticipada está sustentada en principios bioéticos y de derechos humanos reconocidos a nivel internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Además, contempla mecanismos de participación ciudadana como el parlamento abierto y la legisprudencia, que permitirán un análisis transparente y plural antes de su dictaminación.
El legislador confió en que, una vez que la iniciativa sea turnada a las comisiones correspondientes, podrá avanzar hacia su aprobación antes de concluir el año o a inicios del próximo periodo legislativo.
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