El Poder Legislativo ha aprobado reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir la importación, elaboración y venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos y sus insumos, así como la producción y distribución de fentanilo con fines ilícitos.
Aunque la intención de proteger la salud es evidente, la estrategia elegida ha generado críticas. La historia muestra que prohibir un producto de alto consumo como el fentanilo y los vapes, sin alternativas claras o regulaciones específicas, puede tener efectos adversos:
- Fortalecimiento del mercado negro.
- Aumento de riesgos para los consumidores.
- Erosión del Estado de derecho.
El mercado negro: un problema conocido y fortalecido
Cuando un producto es prohibido, su demanda no desaparece, simplemente migra al mercado negro. Esto no es nuevo en México. Desde 2020, la importación de vapeadores ya estaba restringida, pero su comercialización siguió ocurriendo en comercios formales, restaurantes y antros.
Al prohibir completamente su venta y distribución, la reforma deja el mercado de vapeadores en manos de redes ilícitas, donde:
- No hay controles de calidad.
- Los consumidores corren mayores riesgos de salud.
- Se debilitan las estrategias fiscales, pues los impuestos derivados de estos productos dejan de ingresar al erario.
Otros países han optado por regular y gravar estos productos, utilizando los ingresos para financiar programas de salud pública, en lugar de prohibir y perder el control sobre el mercado.
Caso del fentanilo: una crisis global con implicaciones locales
La prohibición del fentanilo es más clara desde el punto de vista de la legislación internacional. Sin embargo, en el contexto mexicano, esta medida plantea desafíos particulares.
En un país donde el sistema judicial enfrenta recortes presupuestales, la militarización de la seguridad y un creciente populismo penal, los consumidores de fentanilo podrían ser tratados como delincuentes en lugar de usuarios que necesitan atención médica.
El riesgo radica en que las políticas represivas aumenten la sobrepoblación carcelaria sin atacar de raíz el problema: los productores y distribuidores de fentanilo.
Populismo penal: soluciones rápidas, problemas profundos
La reforma, aunque bien intencionada, es un ejemplo de populismo penal: medidas que buscan ganar apoyo popular aumentando prohibiciones y penas sin atender las causas estructurales.
Problemas clave:
- Debilitamiento del Estado de derecho: Las leyes que no se hacen cumplir generan desconfianza y fortalecen la impunidad.
- Mayor poder para la delincuencia: Los mercados negros florecen ante la falta de regulación estatal.
- Violaciones a derechos humanos: Los usuarios de sustancias como el fentanilo corren el riesgo de ser encarcelados sin juicio y sin opciones de rehabilitación.
¿Qué se podría haber hecho diferente?
En lugar de prohibir, México podría optar por estrategias más integrales:
- Regulación de vapeadores: Garantizar su calidad y seguridad, estableciendo impuestos específicos para financiar programas de prevención.
- Atención médica para usuarios de fentanilo: Enfocar recursos en tratamientos de rehabilitación en lugar de políticas punitivas.
- Fortalecimiento institucional: Incrementar los recursos para las fiscalías y policías encargadas de combatir las redes de producción y distribución.
Conclusión: riesgos de una reforma punitiva
La prohibición total de vapeadores y fentanilo, sin medidas complementarias de regulación y atención a los usuarios, podría generar más problemas de los que busca resolver. En lugar de fortalecer el Estado, se corre el riesgo de aumentar la impunidad, empoderar a las redes criminales y debilitar aún más las instituciones.
El populismo penal no es la solución. México necesita políticas integrales que equilibren la protección de la salud pública con el fortalecimiento del estado de derecho y la economía formal.
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