Clausura de Pecuaria Peninsular: un caso histórico para Yucatán
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio un paso contundente este martes al clausurar de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, Mérida, Yucatán. La decisión responde al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas impuestas previamente, entre las que destacan la descarga directa de aguas residuales sin autorización y la omisión en la caracterización de sus lodos. Este cierre marca un precedente en la vigilancia ambiental de granjas porcícolas en la península y pone en evidencia la importancia de proteger los recursos naturales y la salud de las comunidades cercanas.
Impacto ambiental y social de la granja
Desde 2021, organizaciones de la sociedad civil y comunidades mayas han denunciado los efectos negativos de las granjas porcinas en la región. Las quejas incluyen la contaminación de ríos y suelos, olores desagradables, proliferación de plagas y afectaciones directas a la calidad de vida de los habitantes. La Profepa, tras recibir estas denuncias, realizó inspecciones periódicas en diversos municipios como Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín y otros, asegurando que Pecuaria Peninsular incumplió sistemáticamente las normas ambientales vigentes.
Medidas correctivas y reparación del daño
La clausura de la empresa implica que ahora se enfoque en la reparación de los daños ambientales ocasionados. Entre las acciones prioritarias se encuentra la elaboración de un estudio de daño ambiental, así como el seguimiento al desmantelamiento y abandono adecuado del sitio. Estas acciones permitirán restaurar parcialmente los ecosistemas afectados y garantizar que los residuos peligrosos y lodos sean manejados de manera segura, evitando futuros riesgos para la población y la biodiversidad local.
Comunidades mayas y justicia ambiental
Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa, enfatizó que este caso refleja el compromiso de la autoridad ambiental con las comunidades afectadas. “Conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Las vecinas y vecinos de esta empresa se han amparado, han hecho denuncias, han buscado la justicia con autoridades de todos los niveles y hoy la Profepa trabaja con ellos para lograr esta clausura definitiva”, declaró. Esta acción pone en relieve el poder de la sociedad civil y la importancia de la participación comunitaria en la protección ambiental.
Inspecciones y seguimiento de la Profepa
La Profepa ha incrementado las visitas de inspección a granjas porcícolas en múltiples municipios de Yucatán, como Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá. La vigilancia busca garantizar que todas las instalaciones cumplan con las normas ambientales y se tomen medidas preventivas para evitar impactos similares en otras regiones. Pecuaria Peninsular se convierte en un ejemplo claro de la importancia de la regulación estricta y la supervisión constante de las actividades industriales en zonas rurales y sensibles ecológicamente.
Retos y aprendizajes para la gestión ambiental
Este caso también refleja los retos que enfrenta México en materia de gestión ambiental, especialmente en sectores como la ganadería intensiva, que puede generar contaminación por residuos líquidos y sólidos. La Profepa, mediante acciones como la clausura definitiva y el seguimiento de estudios de daño, busca consolidar un modelo de justicia ambiental que proteja los recursos naturales, la biodiversidad y la salud de las comunidades cercanas.
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