Más de 2,600 hectáreas de selva han sido arrasadas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Interponen dos denuncias, faltan cinco más
Las comunidades menonitas asentadas en la península de Yucatán enfrentan serias consecuencias legales por la devastación ambiental que han provocado en miles de hectáreas de selva. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que serán siete denuncias penales por el cambio ilegal de uso de suelo en terrenos forestales ubicados en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De acuerdo con la dependencia, dos de estas denuncias ya fueron formalmente presentadas el pasado 1 de julio ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales (FEIDA) de la FGR. Los delitos, previstos en el artículo 418 del Código Penal Federal, se relacionan con desmontes ilícitos detectados en predios del municipio de Calakmul, en Campeche, y Tekax, en Yucatán.
Además, se preparan cinco denuncias adicionales por afectaciones similares en predios ubicados en Othón P. Blanco y José María Morelos, en Quintana Roo, donde las autoridades federales clausuraron recientemente actividades ilegales de cambio de uso de suelo.
“Se trata de denuncias penales sólidamente sustentadas para cada uno de los predios clausurados”, destacó la Profepa, que tan solo en junio pasado detuvo actividades en una superficie superior a las 2,608.9 hectáreas, todas ubicadas en zonas donde se registra una expansión significativa de asentamientos menonitas.
Operativos contra menonitas
Las autoridades realizaron seis operativos especiales: dos en Calakmul y Hopelchén, Campeche; dos en Tekax, Yucatán, y dos más en José María Morelos y Othón P. Blanco, Quintana Roo. Como resultado, se clausuraron siete predios con daños registrados en 702 hectáreas en Campeche, 606 en Yucatán y 1,300 en Quintana Roo.
El secretario de Medio Ambiente en Quintana Roo, Óscar Rébora, adelantó que también se trabaja en denuncias adicionales y una estrategia legal para desalojar a las comunidades menonitas asentadas de manera irregular en el municipio de Bacalar.
“Estamos buscando una estrategia para poder desalojarlos y que esos predios se restauren. Expertos nos han advertido que muchos de los pesticidas que usan son altamente agresivos con la tierra, así que también se evalúa qué tanto se puede recuperar del daño”, explicó el funcionario.
Rébora recordó que, desde la administración federal anterior, existe una mesa de atención interinstitucional enfocada en este tema, donde participan los tres niveles de gobierno. Como parte de las acciones, ya se aseguraron predios con sellos oficiales que prohíben cualquier intervención adicional.
En el caso específico de Quintana Roo, se atienden desmontes ilegales en tres municipios: José María Morelos, Othón P. Blanco y Bacalar, donde la presión por el crecimiento de actividades agrícolas sin regulación amenaza uno de los últimos pulmones verdes del sureste mexicano.
Las autoridades ambientales reiteraron que el combate al cambio de uso de suelo sin autorización seguirá como una prioridad, al ser uno de los factores que más contribuyen a la pérdida de biodiversidad y el deterioro de ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental de la región.
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