Lo que parecía una victoria para las comunidades mayas de Yucatán en menos de 24 horas se volvió una preocupación, luego de que el gobernador Joaquín Díaz Mena revelara que los miles de cerdos de la granja porcícola de Santa María Chi podrían ser trasladados a otra comunidad del estado, llevando consigo la contaminación que generan durante su engorda.
En su conferencia de prensa matutina ofrecida ayer desde el Palacio de Gobierno de Yucatán, Díaz Mena fue cuestionado sobre la clausura impuesta a la Granja San Gerardo, ubicada en el extremo oriente del municipio de Mérida, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga de aguas residuales de forma directa y sin permiso.
En respuesta, Díaz Mena reveló que un mes atrás se reunió con los propietarios de dicha unidad de producción porcícola, quienes le plantearon su disposición de trasladar a los más de 40 mil cerdos a otra granja “que ya cuenta con todas las autorizaciones ambientales”.
“Estábamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la empresa para que se pueda llevar a cabo esta reubicación, no puede ser inmediata, porque son miles de cerdos y necesitan un tiempo para hacer todas las adecuaciones”, explicó el gobernador, quien celebró esta iniciativa por parte de los propietarios de la granja porcícola.
Añadió que con la clausura, ahora el gobierno intercederá por la empresa ante la Profepa, para que su titular, Mariana Boy, indique de qué forma se pueden ir reubicando los cerdos de la granja San Gerardo.
Problema de otros, problema de todos
Ante esta situación, la abogada Lourdes Medina Carrillo, representante legal de la Red Somos Agua y directora Jurídica del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, señaló que si bien la clausura fue un gran paso en la lucha de la comunidad, mover a los cerdos a otra granja no puede ser interpretado como un acto de justicia para Santa María Chi, ya que significa traspasar el problema a otra población.
“Es un grandísimo error, es desconocer los reclamos que no solo Santa María Chi ha dado durante la última década, sino que diversos pueblos, científicas, científicos, sociedad civil nacional e internacional ha denunciado sobre la industria porcícola en Yucatán.
“Estamos hablando de un sistema que afecta el mismo acuífero, no porque lo cambien de lugar va a dejar de afectar el acuífero de Yucatán, no porque lo cambien de lugar no va a violar los derechos del pueblo”, recalcó la abogada
Medina Carrillo recordó que desde el 2023 el pueblo de Santa María Chi comenzó una lucha contra la Granja San Gerardo, luego de que detectaron la contaminación de sus pozos, enfermedades gastrointestinales y respiratorias, así como la contaminación al aire, productos de la quema de excremento de cerdo.
De la misma forma, pueblos como Homún, Chapab, Sitilpech, San Rafael (Maxcanú) y Kinchil, entre muchas otras, han manifestado su rechazo a la instalación de granjas porcícolas.
Todas las granjas contaminan
Además, la representante legal de la Red Somos Agua mencionó que la propuesta de reubicación recalca que la granja a donde serían reubicados los cerdos sí cuenta con los permisos ambientales, pero no se ha dicho de qué unidad de producción se trata.
Otro punto a considerar es que el último diagnóstico emitido por la Profepa en abril de 2023 manifestaba que más del 99% de las granjas instaladas en Yucatán no cuenta con permisos ambientales y aún las que sí cuentan con ellos, incumplen las normas legales en materia de emisiones de gas de efecto invernadero y tratamiento de aguas residuales.
“Tapar con un dedo el problemón que se tiene con la industria porcícola no es lo más viable, lo que se le pide a las autoridades es que haya un plan de acción de forma integral que atienda el problema, hay pruebas científicas del daño y se han identificado a las empresas que más están contaminando”, abundó.
Finalmente, recordó que los procesos legales en contra de la operación de la granja porcícola continúan, para garantizar que la población de Santa María Chi, especialmente la niñez, pueda acceder a su derecho a vivir en un medio ambiente sano.
De igual manera, siguen vigentes las estrategias legales de los empresarios en contra del comisario municipal de Santa María Chi, Wilbert Nahuat Puc, entre las que se incluyen acusaciones por secuestro de los vigilantes de la granja, durante una manifestación y bloqueo realizado en 2024 a las afueras de sus instalaciones.
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