El paro de labores en el Poder Judicial de la CDMX ya cumple 15 días, paralizando juzgados y afectando a miles de ciudadanos. Descubre las causas y cómo te impacta directamente.
La Ciudad de México enfrenta una parálisis en su sistema de justicia. Por más de 15 días, un paro de labores de trabajadores del Poder Judicial mantiene cerrados los juzgados, dejando miles de procesos legales, desde divorcios hasta juicios penales, completamente detenidos.
El sistema de impartición de justicia de la Ciudad de México está en crisis. Un paro de labores que inició hace más de dos semanas mantiene cerradas las puertas de la práctica totalidad de los juzgados de la capital, creando un «vacío de justicia» que afecta a miles de ciudadanos. Lo que comenzó como una protesta en los juzgados familiares el 5 de junio, escaló rápidamente hasta convertirse en un paro generalizado que ha detenido el corazón del Poder Judicial de la CDMX.
Al cumplir 15 días, las oficinas y tribunales permanecen sin actividad, con miles de expedientes acumulados y sin fecha de resolución. La Secretaría de Gobernación (Segob) ya estaría analizando una posible intervención para destrabar el conflicto, que amenaza con prolongarse indefinidamente.
Más allá de un aumento salarial: Una crisis institucional
Aunque una de las demandas principales es un incremento salarial del 7% , las raíces del conflicto son mucho más profundas y revelan un descontento generalizado por el estado de la institución. Los trabajadores, incluyendo los de la Defensoría Pública que también se sumaron al paro, exigen un pliego petitorio mucho más amplio :
* Basificación completa: Poner fin a la precariedad laboral de muchos empleados.
* Insumos y herramientas de trabajo: Denuncian la falta de recursos básicos para realizar sus labores.
* Capacitación y profesionalización: Piden acceso a programas para mejorar sus competencias.
* Destitución de directivos: En el caso de la Defensoría Pública, exigen la salida de su director por presuntas malas prácticas.
Estas demandas pintan el cuadro de una crisis institucional, donde los trabajadores no solo luchan por un mejor salario, sino por condiciones dignas y funcionales para poder impartir justicia.
El costo humano: ¿Quién paga por una justicia detenida?
Mientras las negociaciones entre el sindicato y las autoridades se encuentran estancadas, son los ciudadanos quienes pagan el precio más alto. El paro total de actividades significa que:
* Juicios familiares (divorcios, pensiones alimenticias, custodias) están congelados.
* Procesos civiles (herencias, deudas, contratos) no avanzan.
* Juicios penales se retrasan, afectando tanto a víctimas que buscan justicia como a imputados en espera de una resolución.
* Trámites mercantiles y de cualquier otra índole judicial están completamente paralizados.
«Los trabajadores de los tribunales de lo familiar se declararon en paro. A estos siguieron los de todo el Poder Judicial de Ciudad de México. Y desde entonces, más de tres semanas, están cerrados todos.» – Joaquín López-Dóriga, en su columna de Milenio.
Cada día que pasa, el rezago judicial se agiganta, creando una bola de nieve que tardará meses, o incluso años, en resolverse una vez que las actividades se reanuden. Para miles de capitalinos, esta parálisis se traduce en incertidumbre, angustia y la negación de un derecho fundamental: el acceso a la justicia. La pregunta que resuena en los pasillos vacíos de los tribunales es: ¿quién se hará responsable del daño causado a la ciudadanía?
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