Las estimaciones de participación ciudadana en las primeras elecciones judiciales de México presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum apuntan a que apenas se alcanzó el 13 por ciento del padrón electoral, un nivel que contrasta con los procesos tradicionales y que ha generado preocupación entre diferentes sectores.
De acuerdo con el presidente del Observatorio Ciudadano de Quintana Roo, Eduardo Galaviz, esta escasa concurrencia en las urnas cambia totalmente la forma en la que se tienen conceptualizados los procesos electorales y eso podría generar un precedente peligroso para la democracia en el país.
“Nos está cambiando la forma de ver las elecciones en nuestro país, el proceso electoral del día de ayer. Lo que considero que sería muy grave es que nos acostumbremos a que así puede ser, que sí, tendríamos que ir pensando en que no deberíamos admitir este tipo de procedimientos en un instituto electoral que costó mucho trabajo.
“El proceso electoral en las casillas cambió totalmente la forma en la que teníamos conceptualizado los procesos electorales: no hubo mucha afluencia, con unos funcionarios que no estaban enterados y poca participación. Son pequeños grandes detalles y a la gente se le puede volver costumbre”, advirtió.
Falta de legitimidad y participación mínima
La elección del Poder Judicial, que se realizó el domingo 1 de junio, contó con la participación de 13 millones de votantes, lo que significa que no alcanzó ni el 15% del padrón, lo que para el analista plantea serias dudas sobre la legitimidad de los resultados.
“En la reglamentación de las consultas populares, no hay una definición en donde se diga que un porcentaje determinado indica si es válida o no vinculante la elección. Esto creo que es algo que tendrá que revisarse en una reforma que debería existir.
“Desde mi punto de vista, no debería de ser vinculante con un resultado que fue inferior al 40% del padrón que hubiese ido a votar, porque es una cantidad muy pequeña del electorado que acudió a este proceso”, dijo.
Además, cuestionó la idea central de la reforma a la Ley del Poder Judicial impulsada por el Gobierno Federal en la que se determinó que este poder debe de elegirse por voto popular como ocurre en cargos de representación política.
“Desafortunadamente, la concepción de democracia indica que la gente fue a votar y que ese ya válidamente es conceptualmente democrático, pero no necesariamente el tipo de cargos como es en el caso del poder judicial deberían elegirse bajo un proceso democrático”.
Galaviz insistió en que el resultado no debe verse como un triunfo, sino como un llamado de atención a la falta de interés ciudadano.
“No debería de ser considerado como un gran triunfo, como así lo están queriendo señalar, el que 13 millones de personas elijan a un poder que debería estar totalmente fuera de un proceso de elección popular. Estamos hablando de un universo electoral de más de 98 millones”, expresó.
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