A un mes y medio del desplazamiento de 293 personas de la comunidad de Buenavista, las autoridades de Santiago Yosondúa lanzan un llamado urgente al gobierno estatal y federal para atender la crisis humanitaria que enfrentan las víctimas del desplazamiento forzado interno.
“Demandamos imparcialidad del gobierno y presencia federal para garantizar seguridad y justicia”, declararon autoridades tras una asamblea comunitaria.
La falta de imparcialidad oficial agrava la crisis
Según un comunicado de las autoridades de Yosondúa, Jesús Romero, titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, ha mostrado parcialidad en las mesas de trabajo del conflicto con Santa María Yolotepec. Las víctimas denuncian que las autoridades de Yolotepec permanecen impunes, mientras las familias desplazadas viven en condiciones precarias.
Investigación y tensiones en el conflicto agrario
El gobierno estatal investiga los hechos del 18 de agosto, cuando se incautaron armas y uniformes de uso exclusivo del Ejército mexicano. La comunidad de Yosondúa asegura que fueron ellos quienes entregaron estas armas a la Vicefiscalía de Huajuapan, mientras se acusa que Santa María Yolotepec sigue usando armas sin consecuencias legales.
Intervención de instancias federales
La Junta de Conciliación Agraria realizará un recorrido técnico en la zona, siguiendo los amparos que protegen la posesión de Buenavista y Chikava. Sin embargo, la comunidad señala que los acuerdos previos con la Secretaría de Gobernación y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no se han cumplido, incluyendo mayor presencia de la Guardia Nacional.
Familias desplazadas claman regresar a su hogar
“Solo queremos regresar a nuestras casas, a ver nuestros cultivos y animales que quedaron solos”, comentan las víctimas. Mientras tanto, las autoridades de Santa María Yolotepec continúan condicionando el retorno de los desplazados.
Un llamado urgente a la acción
El conflicto agrario en Yosondúa evidencia la necesidad de una intervención federal inmediata, garantizando derechos humanos, seguridad y justicia para las familias desplazadas.
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