México inició una nueva etapa en su sistema de seguridad pública desde el 1 de enero de 2025. Con la reforma al artículo 21 constitucional, publicada el 31 de diciembre, se introducen cambios significativos que amplían las facultades de investigación de los delitos, otorgándoselas no solo al Ministerio Público y las policías, sino también a la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. ¿Qué significa este cambio para la investigación criminal en el país?
¿Cómo era el modelo anterior de investigación de delitos?
Tradicionalmente, la investigación de delitos en México recaía sobre:
- El Ministerio Público: Responsable de dirigir y coordinar las investigaciones.
- Policías de investigación: Actuaban bajo las órdenes y directrices del Ministerio Público para recabar evidencia y datos pertinentes.
Este modelo garantizaba un control centralizado de las investigaciones, con el Ministerio Público como órgano rector.
¿Qué cambia con la reforma al artículo 21 constitucional?
La reforma introduce un modelo en el que:
- La Secretaría de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal y la Guardia Nacional pueden realizar investigaciones criminales.
- Estas instituciones tienen facultades para intervenir en la investigación de delitos, aunque surge la duda clave:
- ¿Deben seguir las directrices del Ministerio Público, o actuar con autonomía?
Interpretaciones del nuevo modelo
1. Coordinación bajo el Ministerio Público
Una primera interpretación sugiere que las nuevas facultades deben ejercerse bajo la dirección del Ministerio Público, manteniendo el esquema tradicional de centralización.
2. Autonomía en las investigaciones
Otra perspectiva plantea que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Guardia Nacional pueden realizar investigaciones con independencia. Esto marcaría un cambio drástico, permitiendo que estas instituciones actúen bajo sus propios criterios y objetivos.
La definición de este punto será crucial para el futuro de la seguridad pública en México.
¿Qué implica para la política de seguridad pública?
Si predomina la interpretación de la autonomía, podrían surgir los siguientes escenarios:
- Mayor descentralización en las investigaciones: Más actores investigando delitos podría aumentar la rapidez en la recopilación de pruebas, pero también generar conflictos de competencias.
- Riesgos de duplicidad y opacidad: Sin una clara coordinación, es posible que las investigaciones se tornen menos eficientes y más propensas a abusos.
- Papel central de la Guardia Nacional: Este cuerpo, con raíces militares, podría influir en la lógica de las investigaciones, privilegiando enfoques de seguridad nacional sobre los derechos humanos.
Límites constitucionales que permanecen intactos
A pesar de las ampliaciones en la investigación, la reforma no modifica los principios básicos relacionados con la persecución de delitos. Esto significa que:
- Órdenes de cateo, arraigos y aprehensiones siguen siendo responsabilidad exclusiva del Ministerio Público.
- La presentación de pruebas ante el poder judicial y las solicitudes de medidas precautorias también son facultades reservadas al Ministerio Público.
En esencia, la ampliación de actores investigativos no afecta los procesos judiciales ni las garantías legales.
Desafíos del nuevo modelo
1. Coordinación efectiva
El principal reto será garantizar que las investigaciones de los nuevos actores estén alineadas con los objetivos del sistema de justicia penal.
2. Capacitación y profesionalización
Tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de Seguridad Pública deberán contar con personal capacitado para realizar investigaciones que cumplan con estándares judiciales.
3. Protección de derechos humanos
La inclusión de cuerpos con formación militar, como la Guardia Nacional, en la investigación de delitos, plantea preocupaciones sobre posibles abusos de poder o violaciones a derechos fundamentales.
La reforma al artículo 21 constitucional representa un cambio significativo en el sistema de seguridad pública en México. La inclusión de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública como actores investigativos puede fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen, pero también plantea riesgos de descoordinación y conflictos institucionales.
El verdadero desafío será garantizar que este nuevo modelo opere dentro del marco legal y respete los derechos fundamentales, al tiempo que mejora la eficacia en la lucha contra el delito.
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