El pasado 27 de noviembre, se aprobó una reforma histórica al artículo 21 de la Constitución que redefine quién puede investigar los delitos en México. Con este cambio, las policías, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal ahora tienen facultades para participar en la investigación de delitos, bajo la conducción del Ministerio Público.
Este paso representa un cambio significativo en el paradigma de seguridad pública de México, ya que históricamente la investigación de delitos era exclusiva del Ministerio Público.
¿Qué establece el nuevo marco constitucional?
La reforma al artículo 21 autoriza que:
- Las policías puedan realizar investigaciones sobre delitos, además de prevenirlos.
- Se integren acciones como operaciones encubiertas y el uso de usuarios simulados en su estrategia de combate al crimen, siempre bajo la dirección del Ministerio Público.
El papel de la Suprema Corte en el debate previo
Antes de esta reforma, la Suprema Corte de Justicia ya había sentado precedentes importantes:
- En la acción de inconstitucionalidad 62/2019, la Corte declaró inválidas las operaciones encubiertas de la Guardia Nacional porque no estaban limitadas a ciertos delitos ni tenían control judicial previo.
- Señaló que estas técnicas vulneraban el derecho a la privacidad y podían ser utilizadas de manera arbitraria.
Con la reforma, estas acciones ahora están permitidas, siempre y cuando sean reguladas y supervisadas adecuadamente.
¿Cómo se compara México con otros países?
En países como Estados Unidos, las policías tienen un rol activo en la investigación de delitos. Organismos como el FBI, la DEA y el ICE reúnen pruebas y preparan casos para que las fiscalías los lleven ante los tribunales.
Aunque el modelo mexicano no es idéntico, hay lecciones importantes que se pueden aprender:
- Transparencia: Las investigaciones policiales deben estar sujetas a controles internos estrictos.
- Capacitación: Las policías necesitan formación técnica para evitar abusos.
- Supervisión: Las facultades deben ejercerse en apego a los derechos humanos.
Los desafíos de la nueva estrategia
Si bien la reforma busca fortalecer a las policías en un contexto de crisis de seguridad pública, este nuevo poder trae riesgos asociados:
1. Riesgo de abuso de autoridad
Sin controles claros, las técnicas como las operaciones encubiertas podrían ser utilizadas de manera discrecional.
2. Corrupción policial
Históricamente, las policías en México han enfrentado problemas de corrupción. Las nuevas facultades deben acompañarse de estrategias robustas para combatir estas prácticas.
3. Respeto a los derechos humanos
La implementación de las facultades debe garantizar el respeto a la legalidad, objetividad y derechos humanos.
¿Qué se necesita para garantizar el éxito?
Para que la reforma cumpla con su propósito, se requieren medidas concretas:
- Regulación clara: Leyes secundarias que delimiten las nuevas facultades y prevengan abusos.
- Supervisión efectiva: Un sistema de control interno que monitoree las acciones de las policías.
- Capacitación especializada: Entrenamiento técnico y ético para policías y personal encargado de la investigación.
- Transparencia: Informes periódicos que permitan evaluar el impacto de la reforma.
Reflexión final: un nuevo capítulo en la seguridad pública
La reforma al artículo 21 marca un punto de inflexión en la forma en que México aborda la seguridad pública. Aunque otorga herramientas poderosas a las policías, su éxito dependerá de cómo se implementen y supervisen estas nuevas facultades.
En un país que enfrenta una crisis de violencia sin precedentes, esta reforma puede ser una oportunidad para fortalecer el combate al crimen organizado, siempre y cuando se prioricen los derechos humanos y la legalidad.
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