La ciudad de Mexicali, Baja California, vive una fuerte controversia tras el cierre de una escuela primaria pública cuyo director se negó a cumplir una orden judicial que protege el derecho a la educación de dos alumnos con espectro autista. La decisión del funcionario escolar, quien afirmó que “los maestros no somos cuidadores de nadie”, ha generado indignación entre padres de familia, organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos.

El caso, que involucra a la Escuela Benemérita Estado de Baja California, pone en el centro del debate la falta de políticas efectivas de inclusión educativa y la necesidad de garantizar que todos los niños, sin importar su condición, reciban una educación digna y respetuosa.

Un fallo judicial a favor de los niños con autismo

El conflicto comenzó cuando el Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial de la Federación otorgó una suspensión definitiva para proteger el derecho constitucional a la educación de dos niños de nueve y siete años, ambos con condición del espectro autista.

El fallo, identificado con el incidente de suspensión 1132/2025, ordenaba a la Secretaría de Educación de Baja California garantizar los recursos necesarios para que los menores continuaran sus estudios en condiciones adecuadas. Entre las medidas se incluía la presencia de los llamados “maestros sombra”, figuras de apoyo que facilitan la integración y el aprendizaje dentro del aula.

Sin embargo, el director del plantel, Carlos Castro Luna, se negó a acatar la resolución judicial. En lugar de implementar las medidas ordenadas, decidió cerrar la escuela y convocar a un paro de labores, argumentando la falta de apoyo institucional y sindical.

La cancelación de los “maestros sombra” y las denuncias de discriminación

El 16 de septiembre, Castro Luna canceló la presencia de los maestros sombra, lo que marcó el inicio de un conflicto que hoy tiene paralizadas las actividades escolares.

Estos profesionales son fundamentales para el modelo de educación inclusiva, ya que actúan como enlace entre alumnos, docentes, terapeutas y familias, permitiendo que los niños con autismo puedan participar de forma plena en el entorno educativo.

Padres de familia y activistas han calificado la medida como un acto de discriminación y violación a los derechos humanos, al impedir que los menores reciban la atención personalizada que requieren por ley.

“Se trata de una violación al derecho a la educación de una población vulnerable. En lugar de garantizar la inclusión, se optó por cerrar las puertas del aprendizaje”, señalaron las familias afectadas en una declaración pública.

Autoridades omisas ante el desacato judicial

La Secretaría de Educación de Baja California, encabezada por Irma Martínez, exdirigente sindical del SNTE y exsenadora del PANAL, ha sido criticada por su falta de acción frente al desacato judicial.

Aunque la funcionaria convocó a mesas de convivencia escolar para buscar acuerdos entre padres y directivos, la resolución del Poder Judicial sigue sin cumplirse, y la escuela permanece cerrada desde el 6 de noviembre de 2025.

El Consejo Escolar de Participación Social de la Educación también intervino, solicitando la aplicación de medidas específicas por parte del DIF Baja California y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de detener las conductas discriminatorias dentro del sistema educativo.

Padres de familia exigen inclusión real y cumplimiento de la ley

Una de las madres afectadas fue quien interpuso el amparo federal, buscando garantizar que sus hijos contaran con acompañamiento profesional durante las clases. Sin embargo, ante el cierre del plantel y la negativa del director a cumplir el fallo, los niños han quedado sin acceso a la educación.

“El mensaje que están enviando es terrible. En lugar de fomentar la empatía y la inclusión, se criminaliza la diferencia”, expresó la madre, quien pide la intervención directa del gobierno estatal y federal.

La situación ha sido duramente criticada por colectivos de padres de niños neurodivergentes, quienes señalan que el sistema educativo mexicano sigue rezagado en materia de inclusión.

Educación inclusiva: una deuda pendiente en México

De acuerdo con la Secretaría de Educación (SE), en Mexicali existen alrededor de 2 mil niños neurodivergentes, atendidos en Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Sin embargo, las propias autoridades admiten que estos servicios “son insuficientes” para cubrir la demanda actual.

Especialistas en educación afirman que la falta de capacitación docente, la carencia de recursos y la escasa sensibilización institucional son las principales barreras para implementar una educación inclusiva efectiva, en línea con los compromisos internacionales de México.

“El cierre de una escuela no puede ser la respuesta a la inclusión. Lo que necesitamos es más formación, más recursos y más empatía”, subrayó una maestra consultada por medios locales.

Un llamado urgente a la empatía y la responsabilidad

El caso de Mexicali no solo refleja una crisis administrativa, sino también una crisis ética dentro del sistema educativo. El derecho a la educación no puede estar sujeto a prejuicios, ni puede ser vulnerado por decisiones individuales.

Mientras la escuela permanece cerrada y los niños sin clases, el país enfrenta la pregunta de fondo: ¿está México preparado para ser verdaderamente inclusivo?

La respuesta dependerá de la capacidad de las autoridades para garantizar que ningún niño sea excluido del aula por su condición, y de que la sociedad comprenda que la inclusión no es un favor, sino un derecho constitucional.