El fallecimiento de Miguel «N», acusado de múltiples feminicidios en la alcaldía Iztacalco, ha generado un intenso debate sobre el sistema de justicia y las condiciones en los centros penitenciarios de la capital mexicana. El presunto criminal, cuyo deceso ocurrió en circunstancias aún por esclarecer, enfrentaba graves cargos por violencia contra las mujeres que habían causado indignación social.
Según informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 13 de abril dentro de las instalaciones del Reclusorio Oriente, uno de los centros penitenciarios más grandes de la Ciudad de México. El interno habría sufrido un repentino quebranto de salud que derivó en su traslado de emergencia al Hospital General de Iztapalapa, donde los médicos solo pudieron constatar su deceso.
Lo particular de este caso es que precisamente ese día estaba programada una audiencia crucial para el proceso judicial en su contra. La Fiscalía de la Ciudad de México había preparado una serie de argumentos y pruebas para solicitar su vinculación a proceso por varios delitos de feminicidio, lo que hace más sospechosa su muerte justo antes de esta importante etapa legal.
El caso de Miguel «N» saltó a la luz pública en abril de 2024, cuando fue detenido por el brutal ataque contra María José, una joven de 17 años, y su madre en su domicilio de Iztacalco. Según los reportes oficiales, la madre logró interrumpir el ataque y, con ayuda de vecinos, impidió que el agresor escapara. Esta intervención ciudadana permitió su captura inmediata.
Durante las investigaciones posteriores, las autoridades encontraron en su vivienda evidencias perturbadoras que lo vinculaban con otros crímenes contra mujeres cometidos entre 2012 y 2024. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX había confirmado que buscaban un «castigo ejemplar» para el acusado, dada la naturaleza serial de los presuntos delitos y la violencia extrema que caracterizaba los casos.
La muerte bajo custodia de Miguel «N» ha generado múltiples interrogantes entre colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos. Algunas voces han cuestionado las condiciones de seguridad en los penales de la ciudad, mientras que otras han expresado preocupación porque esta muerte podría obstaculizar la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
Las autoridades han iniciado tres líneas de investigación paralelas: una sobre las causas exactas del deceso, otra sobre el manejo médico del interno y una más sobre posibles negligencias en su custodia. Se espera que en los próximos días se dé a conocer el resultado de la necropsia, que podría arrojar luz sobre si existió algún factor externo que provocara o acelerara su muerte.
Este lamentable episodio ha reabierto el debate sobre la seguridad en las prisiones y la impunidad en casos de violencia de género en México, donde según estadísticas oficiales, se registran alrededor de 10 feminicidios diarios. Organizaciones civiles han exigido una investigación transparente y han recordado que, independientemente de las circunstancias de esta muerte, lo realmente importante es no olvidar a las víctimas y continuar luchando por erradicar la violencia machista en el país.
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