El debate alrededor del proyecto Perfect Day en Mahahual entró en una fase de confrontación pública, y el Consejo Ciudadano de Planeación del Ayuntamiento de Othón P. Blanco decidió fijar una postura sin matices: la modificación de uso de suelo fue legal y se realizó conforme al marco institucional.
El presidente del Consejo, Jaime Aguilar Cheluja, no dejó espacio a interpretaciones sobre la narrativa que se ha construido en redes y medios.
“Vemos con preocupación las publicaciones que sugieren opacidad en la autorización de un cambio de uso de suelo para el proyecto Perfect Day México de Royal Caribbean por la supuesta falta de consulta pública en el proceso y la suspensión provisional concedida por un juez federal para el más importante proyecto de inversión privada de toda la historia del sur de Quintana Roo”, señaló.
Desde el Consejo sostienen que se está intentando instalar la idea de irregularidad sobre un acto que, aseguran, se procesó dentro de las facultades municipales y los instrumentos de planeación vigentes. Aguilar Cheluja precisó que la consulta pública citada por DMAS “es obligatoria únicamente cuando los programas e instrumentos de planeación municipal establecidos en su artículo 31 se formulan por primera vez o se actualizan de manera total”, supuesto que —subrayó— no corresponde al caso de Mahahual.
El presidente del organismo también contextualizó el alcance real del ajuste aprobado: se trata de 107.67 hectáreas, que “representan el 3.19 por ciento del total de las 3 mil 373.25 hectáreas del PDU de Mahahual”, es decir, una fracción del instrumento de planeación, no una reformulación integral del mismo.
Aguilar Cheluja advirtió que lo que hoy se observa es una dinámica en la que se construyen percepciones antes de que existan resoluciones de fondo.
“Nos preocupa que se ponga en tela de juicio la acertada decisión del ayuntamiento de Othón P. Blanco de apoyar este importante e histórico proyecto, así como el prestigio del grupo Royal Caribbean que es el corporativo número dos a nivel mundial de la industria global de cruceros; al tiempo que se obstaculiza el proyecto y los esfuerzos que realizamos para darle impulso a nuestro desarrollo en el sur de Quintana Roo”, subrayó.
En ese sentido, insistió en la gravedad de que, desde posturas que se presentan como ambientalistas, se impulse una oposición que —según dijo— termina frenando la mayor inversión privada en la historia del sur del estado.
“Insistió la preocupación por el hecho de que unos pseudo defensores del medio ambiente se oponen y frenen el proyecto de mayor inversión privada que registra la historia del sur de Quintana Roo.”
Para el Consejo, el fondo del conflicto ya no es únicamente técnico: es político y de modelo de desarrollo. De un lado, sostienen, están las decisiones institucionales adoptadas por órganos de gobierno; del otro, una presión pública que busca deslegitimarlas antes de que los procesos legales concluyan
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