En México, el debate sobre los videojuegos violentos ha pasado del terreno de las redes sociales al Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados ha dado un paso crucial hacia la creación de un impuesto del 8% sobre estos productos, una medida incluida en el Paquete Fiscal 2026 impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El pasado 14 de octubre de 2025, la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó el dictamen que contempla este nuevo gravamen, junto con aumentos en productos considerados “nocivos para la salud”. El resultado: 31 votos a favor y 11 en contra. Aunque la aprobación no es definitiva, representa un avance importante hacia su posible implementación el próximo año.
Un debate entre cultura, economía y moral
La iniciativa, que desde su anuncio generó una ola de críticas entre la comunidad gamer, busca recaudar fondos adicionales para programas sociales y educativos. Sin embargo, sus detractores la consideran una medida discriminatoria y poco informada, que castiga el entretenimiento digital en lugar de fomentar la educación mediática.
En redes sociales, hashtags como #NoAlImpuestoGamer se hicieron tendencia, mientras miles de jugadores, desarrolladores y distribuidores expresaban su inconformidad. Para muchos, el gobierno confunde violencia virtual con violencia real, abriendo la puerta a una censura indirecta sobre el contenido cultural y creativo.
“No se puede gravar la creatividad ni la simulación artística con criterios morales”, comentó un desarrollador independiente en X (antes Twitter), reflejando el sentir de gran parte del sector.
Qué sigue para el impuesto gamer
Pese a las críticas, el impuesto aún no es ley. El siguiente paso será su discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se espera un debate intenso entre las bancadas. Si obtiene mayoría, el gravamen podría entrar en vigor en enero de 2026.
La propuesta plantea aplicar el 8% solo a videojuegos que incluyan contenido violento, aunque no se ha definido con claridad qué se considerará “violencia”. Esta ambigüedad preocupa a expertos y analistas, quienes advierten que el criterio podría variar según interpretaciones políticas o administrativas.
Además, la industria de los videojuegos en México, que genera miles de empleos y representa uno de los mercados más grandes de América Latina, podría resentir los efectos económicos de este impuesto.
Un paso que podría cambiar la industria gamer mexicana
De aprobarse, el impuesto no solo encarecería los precios, sino que podría alterar la dinámica del mercado digital. Tiendas, distribuidores y plataformas tendrían que reclasificar sus catálogos y ajustar precios, lo que afectaría directamente a los consumidores.
Sin embargo, algunos analistas ven una oportunidad: el debate podría impulsar una legislación más clara sobre la clasificación de videojuegos, así como programas educativos sobre consumo digital responsable.
En ese sentido, este impuesto no solo representa un tema fiscal, sino un punto de inflexión cultural y social en cómo México entiende el entretenimiento digital.
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