¿Un término desactualizado?
La intención del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) ha puesto sobre la mesa una cuestión clave: ¿por qué seguimos usando el término “cártel” para describir un fenómeno tan diverso y cambiante como el crimen organizado en México?
Este es un momento crucial para replantear cómo clasificamos a las organizaciones criminales, diseñando estrategias efectivas que reconozcan su verdadera naturaleza y alcancen.
¿Qué significa “cártel” y por qué ya no es suficiente?
El término “cártel” se popularizó en México hace más de tres décadas, cuando grandes organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel del Golfo dominaban el narcotráfico. Sin embargo, la fragmentación generada por la guerra contra las drogas ha cambiado por completo este panorama.
- Estructuras diversas: Existen grandes cárteles transnacionales, pero también microorganizaciones locales.
- Actividades variadas: Mientras unos grupos se dedican al narcotráfico, otros controlan mercados predatorios como extorsión y secuestro.
Lecciones de otros países: Colombia y Ecuador
En América Latina, países como Colombia y Ecuador han implementado clasificaciones más detalladas para sus organizaciones criminales.
- Colombia: Distingue entre Grupos Armados Organizados (control militar sobre un territorio) y Grupos Delictivos Organizados (de menor alcance, bajo control policial).
- Ecuador: Identificó 22 organizaciones como actores no estatales beligerantes, permitiendo su intervención militar directa.
Estos modelos ofrecen un marco para que México clasifique de manera más precisa a sus grupos delictivos.
Estados Unidos: Clasificación del crimen organizado
Estados Unidos utiliza herramientas como:
- La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas (NDTA): Analiza a las organizaciones trasnacionales de drogas (OTD).
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): Designa y sanciona a grupos criminales y sus líderes bajo la Ley de Cabecillas de 1999.
Ambos instrumentos destacan a grupos como el Cártel de Sinaloa y el CJNG como principales amenazas, mientras que otros como Los Rojos o Guerreros Unidos también son monitoreados por sus actividades transnacionales.
El complejo entramado criminal en México
Estudios recientes revelan la magnitud y diversidad del crimen organizado en México:
- International Crisis Group (2009-2019): Identificó 463 grupos criminales activos.
- Lantia Consultores (2023): Registró 2 cárteles transnacionales, 75 mafias medianas y 507 bandas pequeñas.
- AC Consultores (2024): Propuso la existencia de 175 grupos criminales organizados.
Estas cifras demuestran la urgencia de abandonar etiquetas genéricas como “cártel” y adoptar un enfoque más técnico.
Propuesta de clasificación para México
México necesita adoptar una clasificación que permita diseñar estrategias diferenciadas. Una propuesta podría incluir:
- Organizaciones Transnacionales de Drogas (OTD): Como el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
- Grupos Criminales Regionales: Controlan mercados en áreas específicas.
- Células Criminales Locales: De estructura flexible y alcance limitado.
- Actores No Estatales Beligerantes: Grupos con control territorial y uso sistemático de la violencia contra el Estado.
Beneficios de una clasificación técnica
Clasificar al crimen organizado permitiría:
- Estrategias efectivas: Diseñar operaciones según la amenaza que representa cada grupo.
- Claridad en responsabilidades: Determinar si la persecución corresponde a autoridades municipales, estatales o federales.
- Respuesta a presiones internacionales: Desarmar narrativas como la de Trump con datos concretos.
Un nuevo enfoque para una realidad cambiante
La amenaza de Trump de designar a los cárteles como terroristas subraya la necesidad de un cambio en la forma en que México enfrenta al crimen organizado. Abandonar el término “cártel” no solo permitiría entender mejor las dinámicas delictivas, sino también fortalecería la seguridad nacional y la confianza de la ciudadanía.
México enfrenta una oportunidad histórica para rediseñar su estrategia de seguridad pública con base en datos y rigor técnico.
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