Marco legal. La mañana avanzaba tranquila en el Congreso capitalino, hasta que la secretaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Yuriri Ayala Zúñiga, pidió la palabra. Lo hizo con la calma de quien sabe que lo que viene no es solo una discusión técnica: es una conversación sobre convivencia, derechos y seguridad en una ciudad donde protestar es tan cotidiano como respirar. Su planteamiento era claro: revisar el marco legal para garantizar que los actos violentos durante las manifestaciones no queden sin respuesta, pero con un límite innegociable: no criminalizar la protesta.
La postura vino a raíz de los eventos recientes protagonizados por el llamado bloque negro, cuyas acciones derivaron en una iniciativa del PVEM para incrementar sanciones contra agresiones dirigidas a integrantes de corporaciones de seguridad ciudadana. Todo esto abrió la puerta a un debate que llevaba meses esperando estallar.
¿Por qué actualizar el marco legal sin cerrar espacios ciudadanos?
Ayala recordó que en la CDMX la libre manifestación no solo es un derecho: es una tradición que ha definido la identidad política de la capital. Sin embargo, añadió, también es responsabilidad del Estado garantizar la integridad de quienes protestan y de quienes resguardan el orden. Aquí el dilema: ¿cómo fortalecer el marco legal sin convertirlo en un arma contra la ciudadanía?
La diputada insistió en que la ley ya contempla sanciones, pero la realidad social cambia rápido y los vacíos pueden convertirse en riesgos. No se trata de endurecer por endurecer, sino de evaluar qué sí funciona y qué debe ajustarse.
La propuesta del Verde Ecologista es elevar las sanciones por conductas como vejar, intimidar o incitar a la violencia contra policías. Actualmente esas conductas se pagan con trabajo comunitario; la iniciativa las llevaría a multas, arrestos y, en casos graves, hasta 72 horas de trabajo comunitario inconmutable.
Una ciudad que exige orden, pero también libertades
La narrativa en torno a estas reformas no es sencilla. Ayala ha reiterado que la violencia —ya sea contra policías o contra manifestantes— no puede normalizarse. La ciudad enfrenta un reto de doble filo: mantener la esencia libre y crítica que la caracteriza mientras asegura que sus calles no sean escenario de agresiones constantes.
La propuesta también toca el Código Penal: hoy quien agrede a un servidor público puede recibir de uno a tres años adicionales de prisión. La iniciativa sugiere subir ese rango a tres a nueve años, además de multas más elevadas. Y si hay violencia física o lesiones, la pena podría aumentar aún más.
A la mitad del debate surge nuevamente la palabra que define toda esta conversación: marco legal. Su actualización no puede ser un ejercicio punitivo, sino un proceso de diálogo con colectivos, organizaciones de derechos humanos y especialistas en justicia, como lo subrayó Ayala.
Un cierre necesario: proteger derechos exige ajustar el marco legal
Todo el planteamiento termina en un punto coincidente: la protesta debe seguir siendo un espacio seguro. La ciudad no puede renunciar ni a su espíritu crítico ni al orden público. Las reformas propuestas abren un debate necesario sobre cómo actuar cuando la violencia aparece, pero sin convertir la ley en un obstáculo para la libertad.
Las próximas semanas serán decisivas. Las instituciones deberán demostrar que pueden ajustar sus normas sin debilitar la libertad, mientras que la sociedad civil deberá asegurarse de que sus derechos no se diluyan en el camino. Así, entre tensiones, matices y negociaciones, la Ciudad de México se prepara para redefinir cómo protesta, cómo se protege y cómo convive. Un reto enorme, pero también una oportunidad histórica para construir un modelo más justo y más equilibrado.
Todo ello dependerá, finalmente, de la capacidad colectiva para revisar, fortalecer y aplicar un marco legal
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