Avances judiciales tras los disturbios
Marcha de la Generación Z en la Ciudad de México no solo dejó imágenes de protesta y participación juvenil, sino también una serie de incidentes que ahora avanzan a la vía judicial. Tras las detenciones realizadas durante la movilización, un juez de control del Reclusorio Norte decidió vincular a proceso a tres de los jóvenes arrestados por los delitos de robo y lesiones, mientras que otros cinco permanecerán bajo prisión preventiva en lo que continúan las investigaciones.
Según informó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), en total fueron presentados ocho sujetos ante las audiencias iniciales, donde se revisó la legalidad de sus detenciones y se determinaron las medidas cautelares aplicables para cada caso. En todos los expedientes, el juez calificó como legal el arresto realizado por las autoridades durante la protesta.
Tres jóvenes llevarán su proceso en libertad
Durante las primeras audiencias, el Ministerio Público presentó las imputaciones correspondientes contra los detenidos. Entre ellos, los jóvenes Daniel David Rocha y José Luis Matus, señalados por su presunta participación en actos de robo y agresiones que derivaron en lesiones a terceros.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez resolvió vincularlos a proceso, lo que significa que existen elementos suficientes para continuar con la investigación complementaria. Sin embargo, determinó que enfrentarán el procedimiento en libertad, imponiéndoles como medida cautelar la firma periódica cada 15 días.
Esta decisión se enmarca en los criterios legales que buscan equilibrar el derecho a la libertad con la necesidad de garantizar la presencia de los imputados durante el proceso penal. Al no representar un riesgo para la víctima o para la investigación, ambos podrán seguir su vida cotidiana, aunque deberán cumplir estrictamente con las obligaciones establecidas por la autoridad judicial.
Cinco detenidos solicitaron duplicidad del término
Los otros cinco sujetos presentados ante el juez optaron por solicitar la duplicidad del término constitucional, es decir, un plazo extra —de hasta 144 horas— para que sus defensas puedan analizar con mayor detalle las pruebas y argumentos presentados por la fiscalía antes de que se determine si serán vinculados a proceso.
Como parte del protocolo judicial y ante la naturaleza de los delitos que se les imputan, el juez ordenó que estos cinco jóvenes permanezcan en prisión preventiva mientras se realiza la continuación de la audiencia. Esta medida tiene como finalidad asegurar que los imputados permanezcan a disposición del tribunal y no afecten el desarrollo de la investigación.
La prisión preventiva no implica una sentencia, sino una medida temporal que se aplica cuando la autoridad considera que existe riesgo de fuga, reincidencia o interferencia con las pruebas o las víctimas. La próxima audiencia será determinante para establecer si serán vinculados a proceso, así como para definir las medidas cautelares que podrían aplicarse a cada uno.
Contexto de la marcha de la Generación Z
La movilización, convocada principalmente a través de redes sociales, reunió a cientos de jóvenes que buscaban visibilizar diversas causas, desde la defensa de los derechos humanos hasta el descontento por políticas públicas recientes. Si bien la mayoría de los asistentes se manifestó de manera pacífica, las autoridades reportaron incidentes aislados que culminaron en detenciones.
La FGJCDMX señaló que continuará con el seguimiento de todos los casos relacionados con la marcha, reiterando que actuará conforme a derecho y que cada imputado contará con el debido proceso. Asimismo, subrayó la importancia de distinguir entre quienes se manifestaron de manera legítima y quienes incurrieron en conductas delictivas.
La decisión judicial marca un nuevo avance en los procedimientos y deja en claro que las investigaciones seguirán su curso, con miras a determinar responsabilidades sin criminalizar la protesta social, pero atendiendo los delitos cometidos durante la jornada.
Los avances en la situación legal de los ocho detenidos durante la marcha de la Generación Z reflejan la complejidad de equilibrar el derecho a la protesta con la responsabilidad penal por actos ilícitos. Mientras tres jóvenes enfrentarán su proceso en libertad bajo medidas cautelares, otros cinco permanecerán en prisión preventiva hasta que se determine si serán vinculados a proceso. El desarrollo de las próximas audiencias será clave para definir el rumbo de cada caso y sentar precedentes sobre cómo se atienden los incidentes registrados en movilizaciones sociales.
